El plazo máximo de seis meses para las investigaciones penales podría dar alas a los casos de corrupción. Jueces para la Democracia, ha emitido un comunicado en el que califica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento como “mera propaganda”, ya que no se centra en resolver los problemas reales de la demora en los casos. Dicen que esta medida provocaría “sobreseimientos y cierres en falso”.
Durante el consejo de ministros, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de esta ley, en el que se fija un plazo de seis meses para la resolución de los casos penales, que podrán ser prorrogables hasta los 18 meses en determinados casos.
Los casos de corrupción también se verían beneficiados por esta modificación de ley. Dice el colectivo que los datos recolectados para la resolución del caso Urdangarin, el caso Gürtel o el caso de los ERE, no se hubieran conseguido si se hubiera tenido en cuenta este máximo temporal.
Además, dicen los jueces que las causas de las demoras se deben a la falta de medios y a la burocracia que frena la agilización de los procesos judiciales y, aun así, aseguran que desde el gobierno les han informado de que “no se van a crear nuevas plazas judiciales, ni se van a efectuar inversiones que mejoren los recursos actuales y que debemos arreglarnos con los medios actuales”.
Desde Jueces para la Democracia, recuerdan que España es de los países de la Unión Europea que menor presupuesto destinan a Justicia, teniendo, de este modo, un número muy bajo de jueces por habitante, comparado con nuestros países vecinos.
Por último, esta asociación reclama al Gobierno “más responsabilidad y que no se generen expectativas que acaban provocando más frustración entre la ciudadanía. En lugar de iniciativas apresuradas y sin fundamento, solicitamos un Pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas se comprometan de verdad a la modernización de nuestro sistema judicial.”
