Los 351 trabajadores afectados de Coca-Cola están a la espera de saber dónde serán destinados. Se reabre el caso de Coca-Cola y sus trabajadores despedidos. CCOO pone en duda que dicha readmisión se desarrolle bajo las mismas condiciones anteriores al despido y en la misma planta donde estaban destinados.
UGT matiza más aún aventurando que puede que incluso presten servicios para distintas empresas. Según este sindicato, “el grupo Coca-Cola Iberian Partners, según establece la propia sentencia de la Audiencia Nacional es un grupo ilícito, y que de ninguna manera puede actuar como una dirección única traspasando trabajadores de una empresa a otra, lo que constituiría una cesión ilegal de trabajadores, incurriendo en responsabilidades penales”.
Coca-Cola Iberian Partners está considerando la opción de reubicar a los empleados y tanto CCOO como UGT le advierten que dicha actuación le podría acarrear problemas legales. Según el comunicado el sindicato, “la opción de la reincorporación por parte de las embotelladoras se entiende como no efectuada en tanto en cuanto no acrediten que el contenido de las cartas individuales no se ajuste a lo establecido en el auto de ejecución provisional con fecha 20 de noviembre de 2014”.
“Si en las cartas que se envíen a los trabajadores, se requiriera la reincorporación en los centros que quedan abiertos y en los puestos existentes, como anuncian en prensa, no se estaría cumpliendo la sentencia obligando a su vez a los afectados a cumplir una orden y contraria a lo dispuesto en la sentencia”, apuntaba UGT.
La reincorporación de las 351 personas se producirá en un mes máximo, situándose ya en enero de 2015 y solo en los centros que la empresa tiene operativos, ya que tal y como ha comunicado la compañía «según fuentes jurídicas de la empresa, la resolución de la Audiencia Nacional no contemplaba la reapertura de las plantas afectadas, incluyendo el centro de Fuenlabrada».
Los responsables de la multinacional han puntualizado que esta decisión «es coherente con la oferta mantenida desde el inicio del proceso, que tenía como objetivo ofrecer un empleo para todo aquel que quisiera seguir trabajando en la compañía».
El sindicato ha advertido a la embotelladora que debe seguir el procedimiento legal, según dice el auto de ejecución provisional, es decir, “readmisión en las condiciones anteriores al despido y en el mismo centro de trabajo”.
Por su parte, Coca-Cola ha comunicado a la Audiencia Nacional que “procederá a dar ocupación efectiva a los trabajadores a los que el auto de ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional obliga a la readmisión”.
Por el momento, los 351 empleados que volverán a la multinacional desconocen el centro de trabajo al cual deberán incorporarse. CCOO ya ha informado a CCIP que si el destino fuera distinto al original, estaría incumpliendo el auto de la Audiencia Nacional, con fecha 20 de noviembre, además de estar violando el artículo 24 de la Constitución Española.
El caso empezó en junio de este año, cuando Coca-Cola Iberian Partners llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE), en el que 1.190 personas fueron despedidas. Días más tarde, el 13 de junio, el Tribunal Supremo dictaminaba nulo el ERE y obligaba a la embotelladora a cumplir la sentencia. La embotelladora tenía solo 5 días hábiles para ultimar los trámites de readmisión de los trabajadores.
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