El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se reducirá “la carga de trabajo de los fiscales y jueces”. El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que databa de 1882, que busca limitar la instrucción de delitos. De esta manera, según ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, los plazos máximos de instrucción será de entre 6 y 18 meses, dependiendo de si se tratan de asuntos sencillos o complejos.
De esta manera, ha afirmado el sucesor de Alberto Ruiz-Gallardón, “habrá sentencias en plazos mucho más cortos”. Asimismo, también se abre la puerta a la prórroga de los plazos máximos “cuando hay causas que lo justifiquen”.
Y es que, según ha remarcado Catalá, “es muy importante fijar un plazo para que los ciudadanos sepan que los procedimientos judiciales finalizarán su instrucción”.
Esta reforma beneficiará a los fiscales y a los jueces, ya que “reduciremos la carga de trabajo” que actualmente tiene este colectivo.
Asimismo, se ha anunciado la creación de una oficina para gestionar activos económicos derivados de actividad delictiva, tal y como existe en otros países como Francia, y “dotaremos de un marco legal que regule la grabación de imágenes y la interceptación de comunicaciones de sonido”, que necesitarán de una autorización judicial y estarán dotadas del principio de excepcionalidad.
