La plataforma de Ada Colau propone que los cargos renuncien o cesen “ante la imputación” de delitos relacionados con corrupción, así como un sueldo máximo de 2.200 euros. Guanyem Barcelona continúa su ‘hoja de ruta’ para las elecciones autonómicas de mayo. La plataforma impulsada por Ada Colau se encuentra estos días inmersa en el proceso de validación de su Código Ético, que terminará mañana miércoles. Un documento de 25 medidas que “nace con la voluntad de ser un paso adelante en la necesaria revolución democrática que actualmente necesitamos en nuestro ámbito”.
Este documento “recoge un código de prácticas y acciones concretas que las personas que ocupen cargos electos y de libre designación deberán cumplir para asegurar una gestión política comprometida y cercana a la ciudadanía”, afirma Guanyem en el propio texto. Asimismo, se plantean “diversos compromisos y medidas que tienen como objetivo garantizar que todos puedan dedicar el tiempo necesario a la gestión política y a las funciones públicas y, al mismo tiempo, acabar con los privilegios de los que, durante muchos años, ha disfrutado buena parte de la clase política”.
“Este código ético”, según la plataforma de Colau, “quiere ser flexible, dinámico y conciso” y compromete “a todas las personas de la candidatura que ocupen cargos electos, de libre designación y gerenciales, tanto del ayuntamiento de Barcelona como de las otras instituciones metropolitanas donde el ayuntamiento tiene participación financiera, y en los espacios de toma de decisiones”.
Estas medidas comenzaron a detallarse hace ahora mes y medio en el encuentro que Guanyem protagonizó el pasado octubre junto a Procés Constituent, Podemos Barcelona, ICV-EUiA, Trobada Popular Municipalista y el Partido X, aunque únicamente lo han suscrito tres primeros.
Estas 25 propuestas se dividen en tres bloques:
El primero, titulado Democratización de la representación política, fiscalización y rendición de cuentas, incluye que sus representantes defiendan lo establecido en el programa político; publicar las agendas y “hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan”; “facilitar todos sus ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales” y “hacer públicos los criterios de contratación de los cargos de libre designación”.
Asimismo, se aboga por “rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía”; “aceptar censura (y revocación, en su caso) de concejales/as y cargos de libre designación por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa”; “no acceder durante un periodo, mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal” y no ocupar puestos en los consejos de administración.
“Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad” y “garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes”, son otras de las medidas de este código ético.
El segundo bloque, Financiación, transparencia y gestión de los gastos, incluye la necesidad de que la candidatura sea “transparente en su gestión, publicando desagregados todos los datos referentes a los ingresos y gastos, que gestionará en vez de entidades de economía social y solidaria”; fijar un tope máximo a las donaciones privadas; la renuncia “explícita a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedancoartar la independencia política”; y “apostar claramente por una limitación drástica del gasto en campaña electoral”.
También se llama a “fomentar el micromecenazgo”; a “no utilizar fundaciones o entidades jurídicas para financiarse”; a la “introducción de sanciones administrativas y penales efectivas en caso de financiación irregular” y a hacer “un uso de la financiación coherente con este código ético y sus valores, realizando aportaciones puntuales y finalistas encaminadas a fortalecer el tejido asociativo”.
Para terminar, el apartado relacionado con la Profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción.
En él, las personas con cargos electos y de libre designación se comprometen a “renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor”; a “no duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de concejal/a”; y a no “cobrar remuneraciones extras para asistir a reuniones”. Y es que, Guanyem establece un sueldo máximo de 2.200 euros como salario neto mensual, incluyendo dietas.
Además, se limita el mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana; a renunciar o cesar “de forma inmediata” ante la imputación por delitos relacionados con corrupción, prevaricación o tráfico de influencias, así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia o violencia de género.
La candidatura también se compromete a “hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el marco de la candidatura”; a facilitar la conciliación entre la vida laboral y la política y a desarrollar mecanismos para la misma.
