La plataforma Madrid en Transporte Público se ofrece a hacer “gratis” este trabajo y se compromete a elaborar un sistema de precios “más equitativo socialmente”. La Comunidad de Madrid quiere revisar las tarifas del transporte público en la región, y no se le ha ocurrido nada mejor que encargar un estudio sobre el nuevo modelo de precios que se pretende implantar en 2015. Para ello ha puesto en marcha un concurso con un precio estimado de 58.000 euros, una decisión que ya ha suscitado las críticas de la plataforma Madrid en Transporte Público.
Según aparece en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el concurso denominado ‘Estudio para la definición y evaluación de alternativas al marco tarifario vigente en el sistema de transporte público de la Comunidad de Madrid’ se abrió el 22 de octubre y el plazo para presentar ofertas acaba hoy mismo. La adjudicataria, el Consorcio Regional de Transportes -dependiente de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda-, desembolsará 58.000 euros por el estudio, que debe estar listo para mayo de 2015.
Además, se indica que la apertura de las ofertas recibidas, que deben presentarse en el Registro del Consorcio Regional de Transportes (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, planta baja), se realizará el próximo 14 de noviembre (proposiciones técnicas) y 19 de noviembre (proposiciones económicas).
Madrid en Transporte Público ya ha criticado el nuevo gasto que pretende hacer Ignacio González en un estudio que le diga cómo modificar el sistema tarifario del transporte público, cuando está claro que lo que debe hacer es bajar los precios. El colectivo está dispuesto a hacer “gratis” este trabajo, y por ello ha acudido hoy al Consorcio Regional de Transportes para registrar su propia oferta.
La plataforma ha presentado su solicitud de participación con el aval de todos los colectivos que la forman (sindicatos del transporte, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas y sociales, partidos políticos y asambleas ciudadanas), así como de otros que han decidido apoyar esta iniciativa, y según explica en su web se trata de una “propuesta clara” que se llevará a cabo “mediante un amplio proceso de participación pública y sin coste alguno”.
Todo ello con el objetivo de “transformar el marco tarifario actual por uno nuevo basado en la equidad social, la calidad del servicio y en hacer que el transporte público madrileño vuelva a resultar accesible y atractivo para la población madrileña”.
El colectivo denuncia que el sistema de precios actual está “obsoleto” y supone “una clara discriminación económica para una gran parte de la sociedad madrileña”, especialmente para los sectores “más golpeados por la crisis”. Además, critica que es “tremendamente rígido”, lo que le resta atractivo de cara a sus potenciales usuarios.
Es por ello que Madrid en Transporte Público ha decidido presentarse al concurso puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico y se compromete a “establecer un rango de tarifas ajustados a los perfiles socio-económicos y a la situación laboral, familiar y la edad de la población madrileña”, así como a “introducir un Abono Social para personas desempleadas y sin recursos”.
También quiere implementar el “Abono Joven 30/30/30 (30 días, 30€, hasta 30 años) valido para toda la Comunidad de Madrid”, “elevar la edad de gratuidad hasta los 13 años”, “introducir un Abono para Tercera Edad desde los 61 años en caso de jubilación anticipada”, así como implantar una “fiscalidad integral en materia transporte, basada en priorizar las inversiones en transporte público colectivo y en consonancia con la política tarifaria descrita anteriormente”.
La plataforma se compromete a realizar este estudio con “coste nulo” siempre y cuando el Consorcio Regional de Transportes de Madrid “se comprometa a su vez a poner en práctica las propuestas y medidas que resulten del proceso”. Y dice que estas propuestas para rediseñar las tarifas del transporte público forman parte de un decálogo más amplio de medidas elaborado de manera consensuada por Madrid en Transporte Público durante los últimos dos meses. Este decálogo se presentará públicamente “en el plazo máximo de dos semanas”.
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