El PP busca convertir convertir el ‘caso Gürtel’ en otro ‘caso Naseiro’, una causa que apuntaba a una presunta financiación ilegal del PP y que se archivó finalmente por irregularidades en el procedimiento, ya que las escuchas telefónicas en las que se basaba la acusación se habían ordenado para investigar únicamente un caso de narcotráfico y no se podían utilizar en otro procedimiento. Los populares podrían ahora tener la intención de que el ‘caso Gürtel’ tenga el mismo destino a través de las denuncias que están haciendo contra el sistema de interceptación de llamadas Sitel, que según ellos se utilizó en la investigación de la trama y que apuntan a que es ilegal.
Así, ha decidido hacer oídos sordos a las palabras de las asociaciones judiciales conservadores que niegan que el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel no cuente con control jurídico y ha insistido en denunciar las escuchas ilegales.
La ofensiva iniciada el miércoles por el PP contra el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado por presuntas escuchas ilegales persiste. Si hace dos días era sólo el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, el único que criticaba la, según el PP, falta de control judicial en las investigaciones con el sistema Sitel por la policía, hoy esta idea se ha trasladado a toda la cúpula. “Se producen estas escuchas ilegales, Pons tiene razón” aseguraban a EL BOLETIN fuentes oficiales de Génova.
Defensa que se da a pesar de que desde las asociaciones de jueces conservadores se ha negado rotundamente que haya escuchas sin orden judicial. “Todas las intervenciones telefónicas tienen orden judicial” insistía el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero, a este diario. Afirmación que desde la Asociación Profesional de la Magistratura no se pudo negar. Y es que, la agrupación que engloba al mayor número de jueces conservadores no ha sido capaz de defender las denuncias de los populares.
Tal es el frente que ha decidido hacer Génova en este asunto que, fuentes populares se han atrevido a asegurar que los jueces no tienen razón. “No es verdad (que Sitel cuente con autorización judicial), no siempre es así, no tienen razón”.
Los populares no han logrado que en su segundo ring del presunto combate contra las escuchas ilegales, el primero lo inició Cospedal en agosto desde Marbella, ni los jueces más cercanos a sus ideales cuenten con su respaldo.
Además de la postura al margen de estas asociaciones judiciales, los Policías ‘dedicaron’ destacables palabras a la denuncia de Esteban González Pons. Según indicaron fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, los populares sólo “buscan echar mierda en el ‘caso Gürtel’ (en el que varios cargos del PP se han visto presuntamente salpicados) donde se ha utilizado Sitel para que el juez declare nulo el proceso”.
En el frente que ha decidido formar Génova, hoy ha salido a reiterar las palabras de González Pons la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La líder de los populares castellano manchegos ha reiterado la necesidad de que el Gobierno dé explicaciones sobre el Sistema Integral de Interceptación de las Telecomunicaciones (SITEL). “No vale con decir: ‘ustedes lo contrataron”, ha asegurado Cospedal.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha contestado a las denuncias del PP recordando que “hasta tres veces” ha dictaminado el Tribunal Supremo la legalidad de Sitel. De la Vega ha recordado que gracias a este sistema se detiene a importantes narcotraficantes y terroristas.
La Asociación de Internautas, ‘el Manos Limpias’ de la tecnología
La Asociación de Internautas se ha convertido en el ‘Manos Limpias’ de la tecnología. El colectivo se ha convertido en una ‘máquina de denuncias’, al igual que el sindicato, en su caso contra diversos instrumentos tecnológicos. Por ejemplo, el sistema de interceptación de llamadas, Sitel, cuyo funcionamiento denuncia ahora el PP, ha sido objeto de una denuncia ante el Supremo, pero el tribunal la archivó al considerar que no era necesario que estuviera amparado por la ley. La asociación también recurrió por este asunto al Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos e incluso ante la Comisión Europea.
El colectivo de internautas es conocido sobre todo por la guerra que mantiene contra la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE), un enfrentamiento muy aplaudido y jaleado por medios cercanos a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
Antes de la batalla contra la SGAE, el colectivo se mostró muy combativo contra Telefónica, empresa con la que ahora se lleva bien.
