Varios colectivos de magistrados explican que el Gobierno se limitará únicamente a “regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados”. La última medida de Mariano Rajoy para combatir la corrupción es fruto del “oportunismo” político. Así lo creen varias asociaciones de jueces que han cargado contra el presidente del Gobierno por anunciar ayer que creará casi 300 nuevas plazas en la carrera judicial. Los magistrados acusan al líder del PP de mentir y dicen que lo único que hará será “regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados”.
Así lo manifiesta Jueces para la Democracia (JpD) que afirma que Rajoy “no está diciendo la verdad” cuando anunció ayer la creación de estas casi 300 nuevas plazas. Según su portavoz, Joaquim Bosch, “el Decreto al que se refiere el presidente del gobierno no crea nuevos juzgados, sino que se limita a regularizar la situación de los más de 300 jueces que ya llevan bastante tiempo incorporados”.
Unos jueces que “se encontraban en la situación irregular de expectativa de destino, por no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados”, desvela Bosch en un comunicado de la JpD.
De ahí que la asociación mayoritaria entre los magistrados progresistas aclare que “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos”. Esta medida se enmarca en los recortes que esta asociación viene denunciando y que se pone de manifiesto con que en los últimos tres años el Ejecutivo no ha creado ningún juzgado.
“Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional”, explica la JpD que reitera que “ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación”. Asimismo, recuerdan que este Decreto “fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción”.
Tal es así que, según Jueces para la Democracia, “en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación”. “La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, 2 magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción”, critica esta asociación.
”Cortinas de humo”
Para Jueces para la Democracia, Rajoy continúa sin actuar contra la corrupción. “Tras dos años en los que el Gobierno ha estado anunciando medidas contra la corrupción sigue sin hacer nada, a pesar de los continuos escándalos”. Por ello, lamentan que el jefe del Ejecutivo no haya impulsado “medidas rigurosas contra la corrupción” y se limite a lanzar “cortinas de humo de forma oportunista para dar la sensación de que se está haciendo alguna cosa”.
Por su parte, Foro Judicial Independiente defiende que “no podemos evitar tener que denunciar el oportunismo de tales declaraciones”. “La opinión pública”, asegura el colectivo en un comunicado en su Facebook, “debe saber que no se crean plazas de jueces (ni fiscales) desde hace tres años, y que, como las oposiciones se han ido convocando anualmente, ello ha generado en una situación dramática para los jueces de esas últimas promociones, los cuales, tras años de dura preparación teórica y práctica, se encuentran sin juzgado al que ir”.
De esta manera, “la creación de estas plazas no responde a ninguna política del gobierno dirigida a acabar con la corrupción política, sino a la necesidad de dar salida a cientos de jueces que actualmente se hallan sin destino fijo, en una lamentable situación de precariedad y provisionalidad”.
Para Foro Judicial Independiente es una “buena noticia” que, sin embargo, “no responde a la demanda social de que el Gobierno reaccione contra la corrupción, sino a la necesidad de tratar de arreglar, al menos en parte, la desacertada política judicial de años anteriores”.
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