El candidato del PSOE dice que colocaría al frente de la oficina a un magistrado “de prestigio” e “independiente”, avalado por las tres quintas partes de la corporación. El diputado y candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha propuesto este miércoles la creación de una Oficina Antifraude “independiente” en el Ayuntamiento de la capital dirigida por un magistrado y «con plenos poderes y autonomía para investigar la labor del alcalde y de todos y cada uno de los concejales y altos cargos de la corporación».
“No basta con pedir disculpas y rasgarse las vestiduras. Ante la corrupción hay que actuar con toda contundencia y con clara voluntad política de acabar con los corruptos”, ha señalado Carmona tras las últimas informaciones sobre la ‘Operación Púnica’.
Carmona ha explicado que al frente de esta Oficina colocará a un magistrado en excedencia independiente, “de reconocido prestigio”, cuyo nombramiento fuese avalado en un Pleno municipal por una mayoría reforzada de tres quintas partes de la corporación, informa Europa Press.
“Será una de las primeras medidas que adopte si los ciudadanos respaldan mi candidatura en las urnas”, ha puntualizado Carmona, quien ha asegurado que su propuesta la tiene “muy madurada, desde antes de que estallasen los últimos escándalos”. “De hecho, tengo en la cabeza varios posibles magistrados, de prestigio intachable, como candidatos idóneos para dirigir esta nueva Oficina”, ha apuntado.
La transparencia como obligación
A su juicio, es “preciso” que este nuevo órgano, dirigido por profesionales del derecho “de acreditada solvencia, levante todas las alfombras del Ayuntamiento”. “Quiero que investigue y controle todas las decisiones que yo pueda tomar como alcalde, así como las actuaciones de todos los concejales. La transparencia es una obligación. Nuestros ciudadanos ni se merecen ni esperan otra cosa de sus representantes”, ha remachado Carmona.
Según ha explicado el candidato socialista, esta nueva Oficina Antifraude no viene a sustituir, “ni mucho menos a recortar, las atribuciones de ningún organismo administrativo ni, por supuesto, la función inspectora y sancionadora de los tribunales”. “Es un órgano de control, nuevo y específico, que se coordinará con los entes ya existentes en otras administraciones competentes y en los órganos correspondientes de la Corporación Municipal”, entiende.
La Oficina Antifraude tendrá en su organigrama una división de investigación cuya misión consistiría en constatar y documentar casos concretos de uso o utilización ilegal de fondos públicos o cualquier otra conducta irregular derivada de actuaciones que puedan comportar conflicto de intereses o uso en beneficio privado de información derivada de las funciones propias del personal al servicio de la Corporación municipal y/o de organismos dentro de la órbita del Ayuntamiento de Madrid.
Para cumplir esta misión, se garantizará el acceso de los investigadores a cualquier tipo de información que se halle en poder de los órganos, organismos públicos o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, afectos a su ámbito de actuación.
En el caso de los particulares, las facultades de inspección deben limitarse a las actividades relacionadas con los contratos o ayudas públicas otorgadas en el ámbito de actuación que establezca la Normativa legal.
Adicionalmente, la actuación de la Oficina Antifraude de Madrid puede incluir las actividades de personas físicas y entidades y empresas privadas que, independientemente de su forma jurídica, sean concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones públicas , al efecto de comprobar el destino y uso de dichas subvenciones, así como las actividades de contratistas que ejecuten obras de la Administración Local en Madrid o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos o la ejecución de obras públicas por cualquier título, en relación con la gestión contable, económica y financiera del servicio o la obra y demás obligaciones que deriven del contrato o la Ley.
De manera singular, esta nueva entidad pretende potenciar el protagonismo de la sociedad civil en la denuncia de la corrupción, al otorgar al Organismo la capacidad para instar a un procedimiento administrativo o un proceso judicial sancionador y actuar como institución dirigida a constatar eventuales irregularidades y desviaciones del poder, a partir de denuncias de particulares.
El inicio de las investigaciones corresponde al titular de la Oficina Antifraude de Madrid, una vez que se haya determinado la verosimilitud de los hechos o conductas de los que tenga conocimiento, en la forma y términos establecidos por la Normativa legal.
Adicionalmente a su función fiscalizadora e investigadora, la Oficina que propone Antonio Miguel Carmona tendrá otras funciones adicionales, entre las que se encontrarían estudiar, promover e impulsar la aplicación de buenas prácticas en relación a la transparencia en la gestión pública y en la prevención y lucha contra el fraude.
Otro de los fines es colaborar en la formación del personal propio en materia de lucha contra la corrupción y promover debates públicos para sensibilizar a la ciudadanía sobre el compromiso asumido por la Institución en materia de limpieza democrática.
Asesorar y formular propuestas al Pleno del Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno municipal en el ámbito de la prevención y lucha contra la corrupción y proponer medidas concretas para lograr una total transparencia en la gestión pública serían otras de sus funciones.
Carmona entiende que la corrupción prolifera cuando “son los propios corruptos quienes se investigan a sí mismos o sus socios”. “Por eso, el carácter independiente de este órgano, no sometido a control ni supervisión por parte de ningún representante de la corporación y mucho menos su alcalde, es fundamental para garantizar el éxito de su trabajo. Quiero un magistrado independiente con poder para escrutarme hasta la suela de mis zapatos”, ha concluido.
