Un informe de Cáritas revela que uno de cada cuatro españoles está en situación de exclusión social

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Urge al Gobierno a fortalecer el sistema público de protección social ante los altos niveles de desigualdad salarial y la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos. La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas han presentado esta mañana en Madrid el ‘VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014’, que revela que un 25% de los españoles están en situación de exclusión debido a los efectos de la crisis. Estas organizaciones urgen al Gobierno a fortalecer el sistema público de protección social ante los problemas detectados, como los altos niveles de desigualdad salarial o la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos.

Asimismo, el informe -que ha sido presentado por Sebastián Mora, director ejecutivo de FOESSA y secretario general de Cáritas Española, y por Francisco Lorenzo, coordinador del Informe y responsable de Estudios de Cáritas- revela otro problema detectado, el del reducido sistema de prestaciones actual, que es “poco protector en el tiempo” y que “no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus características”.

El modelo actual, guiado por políticas de ajuste, que son las que “guían las decisiones políticas”, está generando una importante “desigualdad” entre los hogares españoles y casi un 50% de ellos se encuentran afectados “simultáneamente” por problemas de privación material y de pobreza monetaria.

En los últimos años ha aumentado considerablemente la exclusión social, y así lo ponen de manifiesto los datos recabados en los últimos años por estas organizaciones. Concretamente, el informe señala que “el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%”.

Y esto significa que “la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis”, remarca el informe.

Asimismo, se constata que “la precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud” y que de los 11,7 millones de excluidos “el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud”.

Y a esto hay que añadir que en los últimos años se ha multiplicado “de forma generalizada” la vulnerabilidad de la juventud. Actualmente, “el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo”, por lo que Lorenzo ha definido a la juventud española como una “generación hipotecada”.

Por otro lado, sobre el empleo el informe señala la existencia de una “generación expulsada” de trabajadores, que han visto cómo mermaba el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores. Concretamente, en la actualidad “la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%”, lo que lleva a la conclusión de que hoy en día “el trabajo deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal”.

Recortes en servicios sociales

El informe también constata que los recortes en servicios sociales y bienestar “son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020”, ha dicho Lorenzo, que ha afirmado que “otros derechos, como Sanidad, Educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas”.

Y por ello para las organizaciones que han elaborado este documento la conclusión es clara: “las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales”.

Es por ello que ambas organizaciones proponen atajar las causas estructurales de la exclusión social con las siguientes medidas, que dirigen al conjunto de la sociedad, a los poderes públicos y a los agentes sociales y económicos:

-Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso de desarrollo social.

-Evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, con especial atención las políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: Sanidad, Educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos.

-Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de ‘garantía de mínimos’.

-Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas.

-Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea. A este respecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión social, ya que no es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.

-Considerar el gasto social como ‘inversión social’, dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como Sanidad, Educación, pensiones y rentas mínimas.

-Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis.

-Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar.

-Poner en marcha de una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de especial gravedad para el futuro.

El ‘VII Informe FOESSA’ está basado en unas 8.800 encuestas familiares, y en su elaboración ha participado un equipo de más 90 expertos e investigadores de diferentes universidades españolas.