El juez Andreu impone a Rato una fianza 12 veces superior a la que solicitaba la Fiscalía

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El magistrado ha fijado una fianza pecuniaria de tres millones de euros para el exministro de Aznar en relación al caso de las ‘tarjetas b’. Para Blesa, la cifra asciende a 16 millones. El juez Fernando Andreu ha impuesto una fianza pecuniaria de tres millones de euros contra Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, por el uso presuntamente ilícito de las ‘tarjetas b’ de Caja Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional ha elevado en 12 veces el importe de 240.000 euros que en un principio había señalado la Fiscalía.

Para Miguel Blesa, expresidente de la caja de ahorros madrileña, el juez Andreu ha fijado una fianza de 16 millones de euros, cuando la Fiscalía Anticorrupción, en adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), había solicitado un importe de 15,5 millones. Así se recoge en un auto del magistrado después de haber escuchado la declaración de los dos imputados por el uso de las tarjetas opacas, que se investiga en una pieza aparte dentro del conocido como ‘caso Bankia’.

Tanto Rato como Blesa tienen un plazo de tres días para abonar estas fianzas y ya se les advierte de que, si no aseguran ante el juzgado bienes por esta cuantía, serán embargados. Los importes fijados finalmente incluyen tanto la responsabilidad civil que los dos exdirectivos tendrían que afrontar de ser condenados por el uso de las tarjetas como la multa del 25% de sus gastos que establece la Ley.

Los consejeros de Caja Madrid habrían cargado a las cuentas de la maltrecha entidad un total de 12,5 millones de euros durante el mandado de Miguel Blesa, que se extendió de 1996 al año 2000. Mientras tanto, según fuentes judiciales, desde que Rodrigo Rato asumió la presidencia de la entidad hasta su dimisión en mayo de 2012, el cargo se habría quedado en 2,6 millones de euros.

Rato tiene pendiente además su comparecencia ante el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, del que sigue siendo miembro militante. En función de la versión de los hechos que ofrezca ante este organismo podría ser incluso expulsado del partido, siguiendo la pauta que ya han marcado otras instituciones sociales como el PSOE y algunos sindicatos.