Podemos recurre la fianza de 6.000 euros impuesta por Pedraz para acusar a Oleguer Pujol

Pablo Iglesias, líder de Podemos
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La formación que lidera Pablo Iglesias considera la fianza “excesiva” y también solicita que se unan en un solo procedimiento las tres causas contra la familia Pujol. Podemos ha recurrido la fianza de 6.000 euros que el juez Santiago Pedraz le ha impuesto para ejercer la acusación popular en la causa en la que se investiga al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Oleguer Pujol.

Además la formación que lidera Pablo Iglesias ha solicitado la unión en un solo procedimiento de la investigación que se sigue en Barcelona sobre la herencia de su padre y la que el juez Pablo Ruz instruye contra su hermano Jordi, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así consta en un recurso de apelación que la formación de Pablo Iglesias ha presentado en la Audiencia Nacional contra el auto que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 dictó el pasado 1 de octubre para investigar a Oleguer Pujol por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública que habría cometido presuntamente al comprar un hotel en Canarias que se habría abonado con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

Podemos ha recurrido la fianzaimpuesta por el magistrado al considerarla excesiva para poder personarse en la causa y ha pedido a la Sala de lo Penal que también revoque la obligación de ejercer una única representación letrada con Guanyem Barcelona, ICV, EUiA, CUP, Partido X, Procés Constituent y el resto de colectivos sociales que se querellaron por estos hechos.

Del mismo modo, ha solicitado que el juez Ruz remita a Pedraz la causa en la que investiga al hijo mayor del ‘expresident’, Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa, Mercè Gironés, por haber cobrado presuntamente comisiones de 7,5 millones de euros, y que la titular de la Juzgado número 31 de Barcelona, Zita Hernández, haga lo propio con la investigación derivada de la confesión que Pujol realizó el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980.

Hay que recordar que Pedraz admitió parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, limitó su investigación a las actividades de Oleguer Pujol, que ya ha solicitado su personación en la causa. En concreto, el juez quiere investigar su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

Y justificó la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento contra Oleguer Pujol al considerar que el hijo menor de Jordi Pujol podría haber incurrido en delitos cometidos en el extranjero que habrían supuesto “una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumenta que Oleguer Pujol obtuvo “una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido” procedente de las Islas Vírgenes, “territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE”, para la adquisición del establecimiento hotelero.

Los querellantes pedían la imputación del expresidente del Ejecutivo catalán; su esposa, Marta Ferrusola; los hijos del matrimonio –Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer–; y empresarios como Jordi Puig i Godes (hermano del conseller Felip Puig) y Carles Sumarroca, cofundador de CDC y amigo del exmandatario catalán. También pedían la imputación de dos hijos de este último (Carles y Jordi Sumarroca Claverol) y la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès.

Los promotores de esta iniciativa, que han contado con el asesoramiento del fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, atribuyen a los querellados varios delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad en documento público y omisión de perseguir delitos.