El colectivo critica la “demolición” del Hospital Carlos III orquestada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no ha preparado “alternativa alguna”. El caso del contagio de ébola de una auxiliar de enfermería que atendió al misionero Manuel García Viejo sigue generando polémica. La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME), que en los últimos días ha responsabilizado a Ana Mato de lo ocurrido, ha dado un paso más y ha decidido pedir responsabilidades legales y civiles tanto a la ministra de Sanidad como a Ignacio González y a la dirección del Hospital La Paz.
En una nota publicada en su página web, las enfermeras explican que “hay responsables, y muchos” en el caso del ébola “empezando por la Ministra de Sanidad”, que decidió repatriar a dos misioneros contagiados “con escasas probabilidades de supervivencia y exponiendo a un gran riesgo al resto de la población”.
Pero tampoco hay que olvidarse del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y de sus consejeros de Sanidad (presente y pasado, Javier Rodríguez y Javier Fernández-Lasquetty respectivamente), quienes decidieron “desmantelar el centro de referencia Carlos III sin preparar alternativa alguna”, dice AME.
Asimismo, las enfermeras señalan como “corresponsables por omisión y negligencia” a la directiva y “acólitos gestores” del Hospital La Paz, en el que se integró el Carlos III, ya que asumieron la designación como Centro de Referencia para tratar los casos de ébola “sin disponer de infraestructuras ni personal cualificado, negligente gestión que ha acabado con el contagio de una profesional”.
AME entiende que la compañera auxiliar de enfermería contagiada, Teresa, a la que envía todo su “apoyo” y le desea “su pronta recuperación” sin tener que llegar a “lamentar” ningún contagio más, “está eximida de toda responsabilidad ante la negligencia percibida de gestores y políticos responsables directos de todo este proceso”.
Es por ello que el colectivo de enfermeras exige “las responsabilidades legales y civiles que como consecuencia de sus decisiones -las de Ana Mato, Ignacio González y la dirección de La Paz- han permitido poner en riesgo la vida de nuestra compañera y han estafado a la ciudadanía”.
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