La dimisión del ministro de Justicia no cierra los innumerabels frentes abiertos con sus polémicas reformas judiciales. La polémica la ley del aborto provocó la caída de Alberto Ruiz-Gallardón pero su dimisión no cierra los innumerables frentes que el ya exministro de Justicia abrió al Ejecutivo de Mariano Rajoy con sus cuestionadas reformas judiciales, entre las que destaca la reforma y privatización de los registros civiles.
Hoy se ha confirmado que el Consejo de Estado ha instado al Gobierno a “reexaminar en profundidad” la reforma del Registro Civil impulsada por el ministro de Justicia dimisionario, Alberto Ruiz-Gallardón, dirigida a encomendar este servicio público a los registradores.
Así figura en el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, que el órgano consultivo emitió al proyecto del real decreto-ley por el que se aprueban los Estatutos de la Corporación Pública que desarrollará el sistema informático del nuevo Registro Civil.
El órgano consultivo describe este texto como “oscuro” por los numerosos «interrogantes» que suscita y concluye que ganaría claridad y precisión si la gestión de esa corporación se encomendara directamente al Colegio de Registradores.
De esta forma, se evitaría una duplicidad de funciones y servicios corporativos, así como problemas relacionados con el régimen disciplinario de los registradores, la gestión de los recursos económicos o el pago de cuotas. Sin embargo, el Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad mostró su oposición a asumir esta función sin ninguna contraprestación.
Cree el Consejo de Estado que no se ha detallado suficientemente el impacto económico y social de la reforma y echa en falta una mayor regulación en la financiación, estructura, órganos y naturaleza jurídica de la nueva Corporación que contratará y gestionará el sistema informático del nuevo Registro Civil electrónico.
“Entiende este Consejo de Estado que la atribución a la Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigésimo tercera del Real Decreto-ley en relación con el artículo 36 de la Constitución Española», sostiene.
Además de cuestiones más nimias como que el real decreto equivoca la fecha de la Ley del Registro Civil, el Consejo de Estado advierte de que regula cuestiones que «exceden del ámbito propio de la norma reglamentaria», como el sistema informático a otros registros o el rediseño del mapa de oficinas registrales.
Ese Real Decreto-Ley regula esta Corporación para gestionar el sistema informático del Registro Civil y remite a una futura norma reglamentaria la regulación de su financiación, estructura y sus órganos.
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