La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia cree que la Junta comete un presunto delito de “prevaricación” al revisar las prestaciones. El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, informa que el colectivo va a presentar una queja a la Comisión Europea contra el Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, que estará “preparada en una semana”, para “frenar y parar los abusos que están surgiendo” con los dependientes en la Comunidad Autónoma.
Dicho colectivo explica en un comunicado que el anuncio lo ha realizado Gòmez-Ocaña tras reunirse con el Grupo Parlamentario Socialista para valorar posibles enmiendas al Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, donde ha señalado que la queja se producirá después de que el Gobierno regional esté “obviando un trámite fundamental” de la ley de 2006, como es el de audiencia a los dependientes lo que este colectivo considera “puede constituir un presunto delito de prevaricacion”.
Y aclara la Plataforma que “a queja a Bruselas se llevará a cabo después de que la Plataforma presentase un dirigido a la Fiscalía General del Estado —derivado a la Fiscalía de Castilla-La Mancha— instando a este organismo a “investigar” si hay un delito de prevaricación por parte del Gobierno regional en la revisión de algunas prestaciones a dependientes.
Gòmez-Ocaña muestra su confianza en que la Fiscalía regional abra diligencias por estos hechos y que por tanto cumpla con el mandato que la ciudadanía le ha encomendado en relación a la investigación de posibles delitos, recordando que el Ejecutivo autonómico no puede “tratar a los dependientes desde una atalaya, abusando de su superioridad”, ni “esconder” que en Castilla-La Mancha “hay más de 42.000 personas afectadas sin ningún derecho a recibir dependencia”.
En cuanto al Proyecto de Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Plataforma considera que no es más que “una cortina de humo del PP, que el Gobierno está lanzando para tratar de que no se vea lo que está haciendo verdaderamente con los dependientes, que es una masacre absoluta”.
A juicio, de Gómez-Ocaña el texto, tal y como ahora está planteado, está “vacío de contenido y no asegura una financiación y olvida desde el principio hasta el final a las personas con discapacidad”, por lo que ha realizado sus aportaciones “para que la ley salga con consenso”, aunque para eso, ha pedido al PP y al Gobierno que les oiga “y no solamente se reúna con su asociación de Cámara, que es el CERMI, sino con otros colectivos que tienen algo que decir”.
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