La Generalitat considera que ese decreto supone «una invasión, y va en detrimento de las competencias propias de la Generalitat en materia de educación y de lengua». La Generalitat de Cataluña estudia llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto del Gobierno que obliga a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados a los alumnos de familias que quieren estudiar en castellano como lengua vehicular, y este martes ha hecho el primer paso para hacerlo.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha concretado que la Generalitat presentará ante el Gobierno central un requerimiento de incompetencia, y si el Estado lo rechaza, luego pedirá un dictamen preceptivo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cuyo aval requiere para llevar este decreto al TC.
Este decreto supone «una invasión, y va en detrimento de las competencias propias de la Generalitat en materia de educación y de lengua», ha concretado la Generalitat en un comunicado, tal y como recoge Europa Press.
Para el Govern, el Estado no tiene competencias para regular este ámbito y, además, el decreto es contrario al régimen lingüístico educativo que establecen el Estatut de Cataluña y la Ley de Educación catalana (LEC).
El pasado mes de julio, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, informó tras el Consejo de Ministros de la aprobación del Real Decreto, que regula la LOMCE, y por el que se obligará a las Comunidades, en los que hay programas de inmersión lingüística, a asumir el costes de la matricula de los alumnos que no vean garantizado su derecho a ser escolarizados en castellano en la red pública y concertada.
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