El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano denuncia que esta medida de perjudica a los parados de “mayor edad y de más difícil recolocación”. CiU exige que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, rinda cuentas en el Congreso por retrasar en dos años la jubilación anticipada de 35.000 despedidos y dejarles en un “limbo sin protección social”, tal y como ha informado hoy en un comunicado el portavoz de Empleo de Convergéncia i Unió en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano.
“Es del todo injusto y no se ajusta a la legalidad”, se queja Campuzano, quien rechaza esta medida del Ministerio de Empleo que “perjudica a aquellas personas de mayor edad y de más difícil recolocación”.
Así se pronuncia el representante de CiU en relación con la información de que unas 35.000 personas que fueron despedidas antes del 1 de abril de 2013 sin estar incluidas en despidos colectivos y que tienen convenios especiales individuales con la Seguridad Social no podrán jubilarse anticipadamente con 61 años, sino que deberán esperar a los 63 en virtud de la nueva regulación que se aprobó el año pasado.
Para el responsable de Empleo de CiU en Madrid la gravedad de esta medida exige que la ministra dé explicaciones a los distintos grupos parlamentarios y exponga qué alternativas puede dar para aquellas personas que “de un día para otra se encuentran que no pueden acceder a su jubilación anticipada, previamente reconocida por Empleo, porque el Ministerio ha cambiado unilateralmente los criterios que regían hasta ahora para acceder a la misma”.
“No se puede dejar tirado de esta forma a 35.000 personas que se encuentran en paro”, recalca Campuzano, quien ha adelantado que desde CiU se presentarán iniciativas parlamentarias para subsanar esta situación.
