La Asociación Yo no me voy, que representa a 185 familias de 14 inmuebles de Madrid, recuerda a la alcaldesa que la Justicia está avalando la legalidad de sus contratos de arrendamiento. La Asociación Yo no me voy ha enviado una carta a la alcaldesa, Ana Botella, para que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ponga fin al proceso de desahucios que ha emprendido contra los vecinos beneficiarios de viviendas de alquiler social de 14 inmuebles de Madrid, casi doscientas familias que exigen a la regidora que cumpla los contratos vigentes.
La misiva ha sido enviada por Alberto Romeral, presidente de Yo no me voy, asociación a la que pertenecen 185 familias de la quincena de fincas afectadas, y en la misma se informa a la alcaldesa de que han recibido cartas de la EMVS en las que se les comunicaba “la decisión unilateral de esta organismo público de extinguir el contrato de arrendamiento existente” y que posteriormente la empresa municipal de la vivienda “ha iniciado una campaña judicial contra muchos de los vecinos en acción de desahucio”.
Los afectados hacen saber a la alcaldesa que la andadura judicial en la que se encuentran les están dando la razón y que “los Juzgados y Tribunales de Madrid están construyendo una contundente doctrina jurídica que avala nuestra postura” poniendo como muestra de la vigencia de sus contratos actuales con la EMVS la media docena de sentencias que ya tienen a su favor: “la más relevante la sentencia número 228 de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 25 de junio de 2014”.
Por ello, dicho colectivo pide a Ana Botella que inste a la empresa municipal a someterse “a las decisiones judiciales ya adoptadas” y a desistir de “todas las acciones civiles análogas de desahucio emprendidas”, y le reclaman también “la inmediata revocación de todas las comunicaciones de extinción de contrato de arrendamiento” y a que se vuelva a cobrar las rentas arrendaticias a los inquilinos.
Finalmente, los vecinos hacen llegar a la alcaldesa que esta “aberrante situación” les está generando un “tremendo e innecesario sufrimiento” y advierten a Botella que “si no se respeta la situación tal y como está establecida en los contratos de arrendamientos y de acuerdo a la interpretación que de los mismos están haciendo los juzgados y tribunales de Madrid” se verían obligados a pedir judicialmente “no sólo nuestros derechos sino también una reclamación patrimonial por daños y perjuicios tanto a la EMVS como, en su caso, al Ayuntamiento de Madrid”.
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