La paralización judicial de la externalización de hospitales de Ignacio González no ha acabado con la maquinaria de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. Lejos de reducirse, la lista promete engordar. La privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, lejos de haberse paralizado, sigue adelante. A pesar de que el varapalo judicial a la externalización de la gestión de seis hospitales podía hacer pensar que Ignacio González había tirado la toalla y daría marcha atrás en sus planes, nada más lejos de la realidad. La lista de privatizaciones en la región sigue siendo larga y amenaza con incrementarse.
Así lo han denunciado diversos colectivos de la Marea Blanca en las últimas semanas, pero también la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) de Madrid, que ha elaborado un documento en el que detalla, uno a uno, cuáles son los servicios sanitarios privatizados en Madrid y avisa de que el PP sigue adelante con sus planes para favorecer a la privada.
En su escrito, la PACD reconoce que aunque la paralización de la privatización de seis hospitales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido un “éxito enorme” de la movilización de profesionales y pacientes, afirma que “la privatización salvaje de la Sanidad continúa en la Comunidad de Madrid”.
“Ninguna de las resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la privatización”, sino que “tan solo ha puesto en cuestión las irregularidades del proceso en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. Por lo tanto, queda claro que el proceso iniciado por el PP de Madrid “no ha parado”.
Los planes del Ejecutivo autonómico siguen adelante, pero dice la PACD que no hay que olvidar el “enorme daño” que han hecho los populares al sistema sanitario en la región. “Los datos lo demuestran, hoy contamos con siete hospitales donde la gestión de la parte no sanitaria (lavandería, cocina, mantenimiento, administración, limpieza…) es ya privada y cuatro hospitales con gestión sanitaria privada en su totalidad (los de Valdemoro, Rey Juan Carlos en Móstoles, Torrejón y Collado Villalba)”.
Y no solo eso, sino que el caso del Hospital de Collado Villalba “es especialmente indignante”, ya que “permanece cerrado mientras la Consejería de Sanidad viene pagando 900.000 euros mensuales a IDC Salud (antes Capio)” por su mantenimiento.
El colectivo recuerda que “otros dos centros de especialidades están privatizados: el Centro de Especialidades de Pontones y el de Quintana”, y “también lo están el Laboratorio de Análisis Clínicos de San Sebastián de los Reyes, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid -no como tal, sino que se entregó a Cruz Roja la gestión de las extracciones de sangre a pie de calle y el Gobierno regional le paga 67 euros por bolsa- y las Unidades de Gestión Clínica”.
La PACD remarca que se trata de un “proceso silencioso, pero implacable”, de privatización, al que se ha unido la externalización de otros servicios no directamente sanitarios pero que “afectan muchísimo a la calidad de la atención, como los servicios de limpieza o las citas de pacientes con el Call Center, que permite derivar los procesos rentables a la sanidad privada”.
“Todo esto está ya en manos de empresas privadas”, y “también lo está, pese a la lucha de las empleadas, la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo”. Asimismo, el colectivo recuerda que las derivaciones de pacientes y pruebas diagnósticas a clínicas privadas “son constantes”, sin olvidar el “progresivo desmantelamiento” de hospitales, servicios y camas hospitalarias, como ha ocurrido con el Hospital Carlos III, el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital de La Paz.
Y al mismo tiempo se mantiene una “normativa legal que abre la puerta al proceso de privatización sanitaria (Ley 15/97), que termina con la universalidad del sistema sanitario y establece el repago de los productos farmacéuticos (Real Decreto-Ley 16/2012) y que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier gasto público, incluido el gasto social, (modificación del Artículo 135 de la Constitución)”.
Es por ello que la PACD indica que “la defensa de la Sanidad pública, universal, de calidad y gratuita debe ser una prioridad”. “Si no se frena, será un proceso irreversible”, concluye.
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