Más recortes, copagos y desgravaciones a la privada: las propuestas de Montoro para la Sanidad

Hacienda ha elaborado un documento con 255 medidas sugeridas por las autonomías que será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la próxima semana. Cristóbal Montoro se ha convertido en protagonista de una nueva polémica, ahora por la nueva batería de recortes que propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana que viene. El Ministerio de Hacienda ha elaborado un documento en el que recoge 255 medidas sugeridas por las autonomías, aunque estas se han desmarcado de su autoría ante las críticas que han suscitado. Se trata de propuestas que abarcan todas las áreas, aunque las protestas han llegado, sobre todo, por las relacionadas con la Sanidad, que se pueden resumir en más recortes, copagos y desgravaciones a la privada.

Marea Blanca, sindicatos, profesionales… Todos han alzado la voz en las últimas horas contra la nueva ocurrencia del ministro de Hacienda. Varios medios se han hecho eco del documento que recoge los nuevos recortes que se quieren plantear en Educación, Justicia, Sanidad, Dependencia y función pública, siendo las que afectan a la cartera de Ana Mato las más polémicas.

Entre otras cosas, se ha planteado la implantación de copagos por no acudir a la cita con el médico o por no recoger las analíticas, copagos por ir al ambulatorio y a urgencias, reflotar el copago por el transporte sanitario y las prótesis ortopédicas, e incluso generalizar el euro por receta en todo el Estado a pesar de la oposición que mostró el Gobierno de Mariano Rajoy a esta medida cuando la impulsaron, cada una por su lado, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Asimismo, se proponen otras medidas como el copago por interrupciones del embarazo, la limitación del número de productos farmacéuticos con financiación pública para una misma patología, controlar el número de prescripciones por paciente, y también impulsar una regulación “más clara” para la atención sanitaria de la población inmigrante.

Frente a estos recortes y copagos, Montoro sigue la línea de favorecer a la privada con medidas, como por ejemplo, la compatibilidad del sistema público y el privado, contemplando una posible desgravación fiscal para usuarios del aseguramiento privado, e incluso ‘alquilar’ los hospitales públicos a las empresas privadas.

Ante las críticas, el Ministerio de Hacienda se ha apresurado a decir que algunas de ellas, a pesar de estar en el mencionado documento, son inasumibles y ni siquiera se presentarán en la reunión del 31 de julio. Y también diversas autonomías del PP, aprovechando que el departamento de Montoro no ha especificado cuáles ha propuesto cada comunidad, han salido a negar nuevos recortes.

Sea como sea, la polémica está servida y ya hay quien acusa a Montoro de querer implantar un nuevo “impuesto sobre la enfermedad”. Así lo ha asegurado la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) a través de un comunicado, en el que afirma que estos recortes no son más que una consecuencia de la bajada de impuestos que anunció hace poco el Gobierno.

“Como ya denunciamos en su día, menos impuestos conllevan inevitablemente un empeoramiento, en cantidad y calidad, de los servicios públicos porque estos precisan para su mantenimiento de una recaudación suficiente y progresiva, circunstancias estas ninguna de las cuales se dan en la propuesta fiscal del Gobierno”.

Es por ello que la Marea Blanca rechaza esta nueva batería de medidas que supondrán “nuevos recortes sobre los trabajadores sanitarios -se plantea suspender las contrataciones de interinos, aumentar las horas de trabajo y disminuir los salarios de unos profesionales que hace tiempo están al límite-” y “nuevos copagos para los usuarios de la Sanidad pública” que repercutirán en “las personas más enfermas y con menos recursos”.

“Estas propuestas deterioraran aún más una Sanidad pública ya muy castigada por los recortes e impondrán barreras al acceso a las prestaciones sanitarias necesarias para los más pobres y los más enfermos”. Es decir, concluye la FADSP, son “un verdadero impuesto sobre la enfermedad”.

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