Wert aclara que el decreto es temporal y que se hace para obligar a las autonomías con inmersión lingüística a cumplir el mandato constitucional de contemplar el castellano como lengua vehicular. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, informó tras el Consejo de Ministros de la aprobación del Real Decreto, que regula la LOMCE, y por el que se obligará a las Comunidades, en los que hay programas de inmersión lingüística, a asumir el costes de la matricula de los alumnos que no vean garantizado su derecho a ser escolarizados en castellano en la red pública y concertada.
El ministro de Educación afirmó que este decreto “está destinado a garantizar que se cumplan las condiciones del Tribunal Constitucional” a que se cumplen el criterio que el TC “ha decidido como necesario para que este sistema de inmersión lingüística se consideren conforme a la Constitución y que es que exista alguna oferta sostenida como fondos públicos que utilice el castellano como lengua vehicular en una proporción razonable”.
Y recalcó Wert que “únicamente” se activa el mecanismo del Real Decreto en el caso de aquellas comunidades que incumpliesen el deber constitucional de utilizar ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su política educativa , aclarando que se trata de un “mecanismo temporal y limitado”.
Los beneficiarios de este decreto, según Wert, serán los alumnos de educación básica “desde primaria hasta final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Señaló que los requisitos son que el nivel educativo sólo contemple el uso de castellano en asignatura de lengua y literatura castellana, que los padres y tutores legales hayan solicitado de forma fehaciente y por último que el alumno se haya tenido que matricular en un centro privado para recibir una enseñanza en la que el castellano sea también lengua vehicular.
Asegura que los gastos de escolarización que se van a compensar tienen el límite del coste de la escolarización en un centro público, primero serán asumidos por el Ministerio de Educación, pero después serán deducidos o retenidos a las CCAA.
Y concluye que no existe ningún abuso de poder del Estado central respecto a las autonomías, recalcando que, a su juicio, no existe “confiscación competencial” sino que se cumple lo que establece la doctrina constitucional.
