El Gobierno, por su parte, justifica esta cesión a los registradores mercantiles en que sus costes de explotación no serán una carga para los Presupuestos Generales del Estado. El PSOE ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia urgente para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explique en el Congreso de los Diputados las razones por las que ha otorgado la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles a través de un real decreto-ley que modifica 26 normas.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere que el ministro comparezca en la Comisión de Justicia para dar cuenta de los motivos que han obligado a pasar los registros civiles a manos de los registradores mercantiles, lo cual ha sido incluido en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia.
Este decreto ley, que será convalidado este jueves por el Congreso, modifica un variopinto abanico de 26 leyes, entre las que se incluye el nuevo modelo organizativo y llevanza del Registro Civil. Su aprobación tendrá lugar antes de que venza el plazo de entrada en vigor de una norma del Gobierno socialista que desjudicializaba los registros para dárselos a funcionarios o secretarios judiciales, informa Europa Press.
Según el decreto ley, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Registro Civil será competencia de los registradores que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, «en su condición de funcionarios públicos, como con claridad resulta del artículo 274 de la Ley Hipotecaria».
El Gobierno destaca además que se trata de funcionarios especializados con una «contrastada y satisfactoria» experiencia en registros de personas jurídicas y que sus oficinas adquirirán la condición de Oficinas del Registro Civil y Mercantil.
El Ejecutivo, por su parte, justifica esta cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles en que sus costes de explotación “dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado” y para las cuentas de las comunidades con las competencias transferidas, ya que sus gastos pasarán a ser sufragados por los propios registradores.
