El sindicato CSI-F se reunirá con los grupos parlamentarios de la oposición y con la Defensora del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. El sindicato de funcionarios CSI-F ha decidido no quedarse de brazos cruzados ante la “privatización” del Registro Civil que ha impulsado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Es por ello que ha anunciado que en el mes de septiembre llevará a cabo una campaña de movilizaciones contra esta medida, en la que se realizarán concentraciones, manifestaciones y encierros, y que culminará en una huelga.
En un comunicado, CSI-F explica que iniciará esta particular campaña de protesta contra la “privatización del Registro Civil aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros”. Concretamente, el Gobierno dio luz verde a un Real Decreto que contempla que el Registro Civil sea traspasado a los registradores mercantiles, que son funcionarios pero sus registros son empresas privadas.
Se da la circunstancia de que la medida contra la que se va a alzar el sindicato se ha gestado por un Ejecutivo cuyo presidente, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad y hermano de dos registradores, y siendo ministro de Justicia el yerno de una registradora, lo que ha despertado la reticencia de CSI-F.
Es por ello que además de esta campaña de movilizaciones la organización también tiene previsto “iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida”. Asimismo, ha indicado en la nota, estudiará “todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para detener ‘in extremis’ este proceso de privatización”.
Y el sindicato dice estar en contacto con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad que se ven afectados por el proceso de fusión de registros que planea Gallardón, para que “se sumen a las protestas” y promover así una “movilización global en los registros civiles y privados de toda España”.
“El traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil deja en una situación de incertidumbre a miles de funcionarios dependientes de las comunidades autónomas, cuyo futuro y estabilidad laboral el Ministerio de Justicia no garantiza”, dice CSI-F, que se queja de que a ello hay que añadir “el nuevo proyecto de demarcación territorial de los Registros, que también supondrá destrucción de empleo que afectará de manera directa al colectivo de trabajadores de los Registros Mercantiles”.
Asimismo, el sindicato explica que por otra parte las medidas del Gobierno afectarán a la “gratuidad del servicio público (aunque hoy el Ministerio lo niegue), previsiblemente a través de futuros aranceles que recaerán en los bolsillos de los ciudadanos”.
“Este proyecto ha sido impulsado a espaldas de los sindicatos y sin contar con la unanimidad de las diferentes comunidades autónomas con competencias en materia de justicia (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón)”, se queja CSI-F.
