El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación por 104 contrataciones. Eljuicio del que fue presidente de la Diputación de Ourense durante 22 años, José Luis Baltar, acusado del delito continuado de prevaricación, tendrá 70 testimonios de jefes de servicio, alcaldes y algunos de los 104 contratados por él, tal y como informa Europa Press.
El juicio correspondiente al Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense se celebrará en la sala habitual de la Audiencia Provincial, por cuestiones de espacio, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
En la sala y durante cinco días a partir del lunes 30 de junio, José Luis Baltar se sentará en el banquillo de los acusados en una vista que contará con las declaraciones de los testigos pedidos por el fiscal, por la acusación ejercida por el PSOE –16 alcaldes–, por la del sindicato Manos Limpias y por la defensa (al menos dos) según han indicado fuentes consultadas por Europa Press.
Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado decidió que la Diputación contratara a 104 personas con un contrato temporal, “elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública, siendo el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación de los contratados por él mismo”».
Los contratos se formalizaron con ocho decretos «firmados de su puño y letra» en enero, febrero y marzo de 2010, y se mencionaba en ellos, como amparo legal la regulación de bienes, actividades y servicios, y su contratación “pero no la del personal laboral”, según sostiene el fiscal.
Además, considera que las contrataciones se hicieron «con desprecio absoluto» por la Ley de las Bases del Régimen Local y vulnerando «frontalmente» la Ley de Presupuestos del Estado que prohíbe contratar personal temporal o funcionarios interinos salvo casos excepcionales, urgentes e inaplazables «sin que en ninguno de los contratos citados se constate, ni tan siquiera se exprese, la excepcionalidad».
Según el relato del Ministerio Público, los contratos también se saltaron la ordenanza de la Diputación, firmada por el propio Baltar en 2004, que regula la contratación de personal laboral temporal y que, en el caso de ser urgente, «establece la necesidad de una convocatoria pública» con anuncio en el Boletín Provincial o en el tablón de edictos de la diputación, indicando el perfil requerido, tipo de contrato y plazo para presentar currículos, según añade el fiscal.
El fiscal considera que en ninguno de los 104 contratos existió previa convocatoria u oferta en el BOP o en el tablón de edictos y atribuye a Baltar su “omisión consciente” para designar a las personas contratadas “por su única decisión sin sujeción a las elementales normas que rigen la contratación”.
