El sindicato de funcionarios anuncia una respuesta «contundente» ante la privatización del Registro Civil

Registro Civil

El sindicato de funcionarios anuncia una respuesta «contundente» ante la privatización del Registro Civil

Registro Civil Central

El CSI-F ha mostrado su rechazo al anuncio «sorpresivo» del Ministerio de Justicia de ceder las competencias del Registro Civil a los registradores de lo mercantil. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha mostrado este martes su rechazo al anuncio «sorpresivo» del Ministerio de Justicia de ceder las competencias del Registro Civil a los registradores de lo mercantil y anunciado de que dará una respuesta «contundente».

CSI-F, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, analizará mañana las medidas a adoptar para defender los intereses de los empleados públicos al entender que la medida de Justicia los «desprecia» en una de las tareas que tienen atribuidos desde la creación de estos registros, «en la que son los únicos y verdaderos especialistas».

Según el sindicato, esta medida supone «regalar» a los Registradores mercantiles cientos de millones de euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años.

CSI-F ha denunciado la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como una alternativa viable y eficaz que permitiría aprovechar el capital humano del Ministerio de Justicia.

Pérdida de miles de empleos

También avisa ante la pérdida de «miles» de puestos de trabajo en la Administración de Justicia porque las garantías que ofrece el Ministerio carecen de credibilidad y, además, no afecta al personal destinado en las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia.

Este sindicato sostiene que serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio. «En primer lugar, porque los expedientes registrales que ahora son gratuitos quedan fuera del compromiso de gratuidad y, en segundo lugar, porque no nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación a través de subvenciones, ayudas o convenios», concluyen.

Más información