La sanción, detalla el consistorio, llega tras meses de investigación y seguimiento de los inspectores municipales de la Dirección de Servicios de Inspección y del distrito de Ciutat Vella, y de la Guardia Urbana. Estos han podido constatar que durante años la propiedad iba evitando expedientes y sanciones del ayuntamiento alegando que alquilaba las viviendas aparentemente de forma legal con contratos de larga duración a inquilinos que aparecían como inquilinos de los alojamientos turísticos ilegales. De esta forma, la propiedad evitaba el expediente finalizando el contrato de alquiler o cambiando de titular, una vez se acercaba la fecha de conclusión final del trámite administrativo sancionador del gobierno municipal.
La propiedad del edificio de la calle Ample número 24 es una comunidad de bienes familiar que alquilaba hasta 14 alojamientos en esta finca, y éstos se comercializaban como alojamientos turísticos, a través de Booking y Airbnb, sin ninguna autorización para la actividad turística.
Desde el año 2018, los inspectores municipales iban abriendo expedientes y al mismo tiempo pidiendo las desactivaciones de estos anuncios en las dos plataformas. Durante este tiempo, se pudo constatar, en la línea de la actuación contra los infractores profesionalizados, que se iban desactivando y activando con nombres, fotos y anfitriones diferentes, a fin de evitar la actuación inspectora de la administración. En este período también, el propietario manifestaba en todos los casos que desconocía lo que hacían sus inquilinos, y que siempre y en todos los casos le engañaban y utilizaban el piso para realquilarlo a turistas.
Tras meses de seguimiento y acumulación de pruebas, el pasado abril, a raíz de una inspección conjunta entre los inspectores municipales, la Guardia Urbana de Barcelona y el distrito de Ciutat Vella, se constató que en el edificio, formado por planta baja y cuatro plantas de altura y azotea, 14 de las 15 viviendas existentes estaban ocupadas por turistas alojados en pisos sin la licencia para ejercer la actividad turística correspondiente. Y en el piso restante, vivía una inquilina de renta antigua que es quien gestionaba la recogida de llaves y entradas y salidas de los alojamientos turísticos del edificio.
El ayuntamiento procedió a sancionar la propiedad después de desgranar toda esta actividad, organizada para sortear la administración y utilizar de forma fraudulenta las viviendas, sin hacer frente a las obligaciones tributarias que se desprenden del uso turístico y comerciante con el único piso de renta antigua, incorporando su arrendataria a la gestión turística del inmueble.
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