No es la primera vez que se pone en cuestión la transparencia del Banco Central Europeo (BCE) en su labor de supervisor único de las entidades financieras del Viejo Continente, como bien saben los afectados por la resolución de Banco Popular, pero las últimas críticas vienen de una instancia tan alta como el Tribunal de Cuentas Europeo, que considera que la institución que preside Mario Draghi no le permite realizar su trabajo de manera adecuada, al negarle acceso a documentos clave.
La institución encargada de la fiscalización y el control de las cuentas de la Unión Europea ha pedido al Parlamento Europeo que intervenga para garantizar que el BCE permite el “acceso total” a los documentos para auditorías relacionadas con la supervisión bancaria. En una carta remitida a la Eurocámara, los auditores expresan su preocupación por el hecho de que la posición actual del BCE con respecto al acceso a documentos e información les impide realizar su trabajo “de manera adecuada”.
En su escrito, el Tribunal de Cuentas Europeo se lamenta de que ha habido una falta de progreso en sus discusiones con el BCE. Por ello, la institución pide al Parlamento Europeo y al Consejo que expresen “su pleno apoyo” a su derecho de acceso a los documentos de supervisión bancaria. Incluso abre la puerta, si los eurodiputados lo consideran necesario, a que la cámara modifique la regulación actual, aclarando que puede acceder a cualquier documento que considere necesario.
“No estamos buscando auditar la política monetaria”, ha aclarado Klaus-Heiner Lehne, presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. “Pero es esencial que tengamos plenos poderes para auditar las actividades de supervisión del BCE. Esto es particularmente importante dados los altos riesgos para los fondos públicos en casos de quiebras bancarias y por la complejidad de los nuevos mecanismos de supervisión”.
Escribiendo en respuesta a una solicitud del Parlamento Europeo, los auditores han destacado hasta tres ocasiones en las que se les ha negado el acceso a información importante. Su auditoría de 2016 del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) se enfrentó serias dificultades para obtener evidencia de auditoría. Durante el trabajo en su informe especial de 2017 sobre la Junta Única de Resolución (JUR), la junta insistió en eliminar cualquier información proveniente del BCE. Por último, en enero de 2018, cuando los auditores informaron sobre la función de gestión de crisis del BCE en relación con la supervisión bancaria, el BCE volvió a negar el acceso a los documentos necesarios para llevar a cabo el trabajo de auditoría tal como estaba previsto inicialmente.
