José Manuel Soria, exministro de Industria
Las nuevas revelaciones judiciales en torno al sumario de corrupción política que salpica a Cristóbal Montoro comprometen al exministro de Hacienda del Partido Popular. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press tras el levantamiento del secreto de sumario, apunta a que la consultora Equipo Económico (EE), fundada por Montoro, habría operado como un instrumento de influencia institucional en favor de grandes empresas energéticas, especialmente del sector gasístico, a cambio de cuantiosos pagos.
Uno de los aspectos más llamativos del sumario judicial es la existencia de tensiones internas en el Gobierno del PP. Según los Mossos d’Esquadra, los “roces” entre Montoro y José Manuel Soria, entonces ministro de Industria, se debían a que las reformas impulsadas por Soria perjudicaban a empresas de energías renovables vinculadas a Montoro.
La reforma de Soria «perjudicaba los intereses de algunas empresas» que habrían tenido relación con Montoro, señala el sumario
Estas discrepancias habrían sido aprovechadas por grandes empresas del gas agrupadas en AFGIM (Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos), que buscaron reorientar la normativa para beneficiarse fiscalmente.
El sumario desvela cómo la consultora Equipo Económico (EE) habría sido recomendada desde el propio Gobierno a empresas interesadas en influir en decisiones legislativas. Un correo incautado durante los registros en la empresa Messer refleja con claridad esta práctica:
“La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico (EE) que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”
Este modus operandi se repite en varias comunicaciones, evidenciando una estrategia sistemática de influencia legislativa con posibles retornos económicos ilícitos.
Las diligencias judiciales se iniciaron tras un escrito anónimo remitido en 2017 a la Fiscalía Anticorrupción, que alertaba sobre cómo importantes empresas eran “sugeridas” a contratar a EE para garantizar decisiones favorables del Gobierno.
El documento señala a Antonio Beteta, exjefe de gabinete de Montoro y secretario de Estado de Administraciones Públicas, como enlace entre las empresas y el despacho.
La denuncia apuntaba que EE actuaba como “lobby encubierto” con respaldo institucional desde el propio Ministerio de Hacienda
La contratación de EE por parte de AFGIM tuvo un objetivo claro: conseguir una bonificación del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. El despacho habría cobrado 360.000 euros más IVA, tras un primer intento fallido por modificar la legislación.
La Fiscalía Anticorrupción va más allá y señala que EE habría sido “utilizada por sus socios y otras personas, entre ellas Montoro, para repartir ganancias ilícitas” vinculadas a estas reformas legislativas.
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