El Ministerio de Hacienda ha decidido dar unultimátum de 48 horas a la Generalitat de Cataluña antes intervenir la Hacienda catalana para evitar que el Govern liderado por Carles Puigdemont destine parte de su presupuesto a la subvención del referéndum del 1-O, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.
“El Gobierno ante la situación manifiesta de ilegalidad ha establecido en mecanismo novedoso de control de pagos para garantizar los servicios públicos de los catalanes y para garantizar que la posición de los políticos de Cataluña no perjudique a los ciudadanos”, ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la salida del Consejo de Ministros.
De esta manera, el ministro asegura establecer una garantía de que “todo el mundo va a cobrar en plazo y en función de la seguridad que da el Estado ante la incertidumbre de algunas opciones políticas”, en referencia a PDeCAT, ERC y la CUP.
Por tanto, el Estado pasa a pagar directamente buena parte de las nóminas de funcionarios catalanes, así como los servicios públicos fundamentales, como la Sanidad, Educación y servicios sociales.
En cualquier caso, esta intervención queda en manos de la Generalitat, asegura Montoro.
“Requerimos al Govern de Cataluña que en 48 horas adopte y comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales (Nóminas, Sanidad, Educación y servicios sociales)”, ha anunciado el ministro.
Ese acuerdo incluye que la Generalitat deberá informar al Estado de todos los créditos pendientes – de los pagos de los servicios públicos fundamentales – y tendrá que firmar la información junto a un certificado de que dicha propuesta no financia ninguna actividad relacionada con el Referéndum 1-O. Si se cumple, el Estado pagará al acreedor de la Generalitat.
Sin embargo, si en ese plazo Puigdemont no adopta el acuerdo de no disponibilidad, será el ministro el que adoptará esos pagos en su sustitución.
“Establecemos un sistema de control de pagos. No afecta al ejercicio de las competencias. Será la Generalitat la que decida cuánto dinero va a cada partida. Simplemente garantizamos que ningún pago de esa administración va dedicada a una actividad ilegal”.
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