Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha confiado este jueves en que España pueda tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021, porque los que él elaboró para el ejercicio de 2018, en el último Gobierno de Mariano Rajoy, y que siguen actualmente vigentes al haber sido prorrogados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no están pensados para hacer frente a una crisis como la actual», causada por la pandemia del coronavirus.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Montoro ha expresado que cree que habrá nuevos presupuestos generales en 2021 porque «es evidente que los actuales presupuestos no están pensados para hacer frente a una crisis como la actual».
Ha expuesto que los nuevos PGE deben insistir en la recuperación económica porque España es el país europeo que más está sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia, y las cuentas estatales tienen que aportar claramente por esa recuperación económica, lo que implica unos objetivos y prioridades en términos de gasto público.
Según ha agregado, sin duda, hay que hacer frente al drama social que ha ocasionado la crisis del coronavirus y favorecer la financiación de la economía y de los sectores más afectados. Asimismo, ha considerado que no debe haber subida los impuestos en unos momentos como este porque puede «perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo».
Respecto al hecho de que el FMI haya puesto sobre la mesa la necesidad de subir los impuestos a las rentas más altas y a empresas, el exministro de Hacienda ha considerado que se trata de una «recomendación general» y que, sin duda, el Gobierno de España se puede plantear determinadas subidas de impuestos de cara al futuro y que no se tienen por qué aplicar de inmediato, sobre todo, con la actual crisis.
En cuanto a si le preocupa que la suspensión de la regla de gasto y de los objetivos de déficit y deuda pueda ocasionar que algunas comunidades se excedan con el gasto, Montoro ha indicado que en España tenemos una arquitectura legal que impide que cualquier administración gaste sin control. Ha añadido que las comunidades tiene un límite de endeudamiento y cuando quieren recurrir a él tienen que contar con la autorización del Gobierno central.
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