Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública
La sentencia del Tribunal Constitucional cargando contra la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro no ha alterado al Gobierno. Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende que el fallo está basado en aspectos formales y no de fondo. Por ello, la tranquilidad, como ha mostrado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es la postura que toman desde Moncloa.
De hecho, fuentes gubernamentales han declarado a Europa Press que el mayor daño lo intentará hacer la oposición utilizando como arma política la decisión jurídica. Por el momento, la oposición no ha tardado en exigir la dimisión del ministro de Hacienda tras el ‘revés’ del Tribunal Constitucional. Montoro, como respuesta, ha anunciado que acudirá voluntariamente al Congreso de los Diputados a explicar la sentencia.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal al ver que el Gobierno de Rajoy en 2012 utilizó para aprobarla el decreto-ley, algo que prohíbe la Constitución. De esta manera, el secretario de Estado de Haciendaha asegurado hoy que la sentencia avala la regularización fiscal que hizo el Gobierno y que es más un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido que sobre la medida.
Aun así, el alto tribunal también ha cargado contra la medida ‘estrella’ de Montoro al entender que el Gobierno abdico “ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. Una frase que para las fuentes gubernamentales no tienen mayor importancia, aunque sí han reconocido que la amnistía fiscal es una “contrariedad”.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, recogidas por EFE, Fernández de Moya ha aseverado que “el Gobierno ha cumplido con su obligación e hizo lo que tenía que hacer”, al tiempo que ha afirmado que la sentencia del Constitucional señala que no tiene ningún tipo de consecuencias. “Incide en el instrumento normativo empleado y deja plena constancia del aval de las regularizaciones”, ha reiterado.
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