El ministerio de Hacienda ha solicitado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera una autorización para abrir una cuenta en el Banco de España cuya finalidad será la de realizar los pagos a los acreedores de la Generalitat y almacenar los remanentes de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica que correspondan a Cataluña y que no hayan sido debidamente justificados.
Este mecanismo será el empleado por el Gobierno para controlar los gastos de la Generalitat y evitar que dinero público se emplee para financiar actividades contrarias al ordenamiento jurídico vigente y asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado se destine al pago de sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales.
La decisión publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se apoya en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas “en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña”.
La Generalitat tendrá que justificar debidamente las facturas para que Hacienda proceda al pago de ellas. La justificación adecuada pasa por ajustarse a la Ley de Estabilidad presupuestaria y garantizar que ese dinero no va a parar a proyectos que vulneran la legalidad.
La cuenta abierta en el Banco de España estará en vigencia hasta que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos considere que el periodo de excepcionalidad en Cataluña ha finalizado.
En cualquier caso, la situación de control financiero sobre Cataluña puede incrementar si se procede a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Según apuntan varias fuentes, esa decisión supondría mayor control sobre la Hacienda pública catalana con medidas adicionales a las actuales.
