María Jesús Montero (Foto: Europa Press - Eduardo Parra)
Montero ha señalado que esta medida permitirá liberar recursos para educación, dependencia y otros ámbitos esenciales, al tiempo que ha recordado que el debate sobre la quita no sustituye a la reforma del sistema de financiación autonómica.
En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, Montero ha defendido la medida como una herramienta que permitirá a las comunidades autónomas mejorar su capacidad de inversión. «Claro que se podrá gastar el ahorro de intereses en lo que la comunidad considere, evidentemente dentro del marco de reglas fiscales», ha afirmado.
Según la ministra, todas las autonomías gobernadas por el PP acabarán aceptando la quita, a pesar de sus críticas actuales, porque supone una ventaja para sus territorios. «Las comunidades no pueden salir a los mercados y dependen del Estado para obtener financiación», ha subrayado, criticando la postura del PP por rechazar una medida que les beneficiaría solo por «oposición a todo».
Montero ha rebatido la postura del Gobierno andaluz, que ha calificado la condonación como «migajas». Ha argumentado que Andalucía es la comunidad que recibiría una mayor cantidad de deuda condonada en términos netos y la que más se beneficiaría por habitante. En su opinión, la negativa del Ejecutivo autonómico responde a una estrategia política dictada desde ‘Génova’, sede nacional del PP.
La vicepresidenta primera ha asegurado que el Ejecutivo sigue trabajando «de forma discreta» en la reforma del sistema de financiación autonómica y ha señalado que las comunidades tienen hasta el 14 de marzo para presentar sus datos sobre población ajustada. Sin embargo, ha lamentado que cada vez que se pone un documento sobre la mesa, alguna autonomía lo rechaza por considerarlo perjudicial para sus intereses.
En este sentido, ha tendido la mano al Partido Popular para llegar a un acuerdo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que, ha recordado, «no se ha resuelto nunca».
En otro orden de temas, Montero ha expresado su «dolor» por el caso Koldo, que afecta al exministro José Luis Ábalos, después de que su expareja reconociera que cobró de dos empresas públicas sin haber trabajado. La ministra ha insistido en que el Gobierno tomará medidas si se confirman irregularidades y ha recordado que ya se pidió a Ábalos que entregara su acta de diputado y que fue finalmente expulsado del PSOE.
«Si ha habido algún tipo de desarreglo, el Gobierno pedirá responsabilidades», ha afirmado, defendiendo la necesidad de que las administraciones «tomen nota» de estos casos para evitar que se repitan.
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