El veto del Gobierno a la propuesta impulsada por Sumar sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha abierto una brecha en la coalición gubernamental. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende con contundencia el uso del «derecho constitucional» del Ejecutivo para bloquear la iniciativa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, considera este movimiento un «fracaso político» y exige que se permita el debate democrático en el Congreso.
El Gobierno defiende la tributación del Salario Mínimo
María Jesús Montero insiste en que eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al colectivo que cobra el Salario Mínimo Interprofesional supondría reducir los recursos necesarios para mantener el Estado del Bienestar. Según cifras proporcionadas por Hacienda, apenas el 20% de los perceptores del SMI estaría pagando retenciones por este impuesto.
«El Gobierno busca garantizar una recaudación justa: que pague más quien más tenga y menos quien menos tenga», recalca Montero
Yolanda Díaz acusa al Ejecutivo de «bloquear» el debate
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado duramente el uso del veto constitucional por parte del Gobierno, calificándolo como un «privilegio antidemocrático» que impide el debate sobre la fiscalidad justa del Salario Mínimo en la Cámara Baja.
«Cuando alguien acude a un veto, es que ha fracasado en su política. Soy demócrata, gano o pierdo las votaciones», sostiene Díaz
Las diferencias en la coalición salen a la luz pública
Esta nueva polémica evidencia la tensión interna entre PSOE y Sumar en materia fiscal y social. La discusión trasciende el ámbito parlamentario y revela discrepancias fundamentales sobre cómo abordar las políticas de redistribución y fiscalidad en el Ejecutivo de coalición.
