En una entrevista concedida al programa ‘Lo de Évole’, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró su postura a favor de la amnistía para Carles Puigdemont, asegurando que el Gobierno central desea normalizar la situación política en Cataluña.
Según la titular de Hacienda, cerrar el capítulo iniciado el 1-O pasa por permitir el retorno del expresident y, con ello, afrontar las consecuencias del proceso independentista.
Montero apuesta por la amnistía sin excepciones
La ministra ha subrayado que aplicaría “lo que el legislador quiso, que era amnistiar todos los sucesos vinculados con el proceso”, incluyendo el delito de malversación. Ante la petición de la Fiscalía de que Puigdemont responda por este delito, Montero ha puntualizado que su interpretación de la ley engloba todos los hechos relacionados con el 1-O.
“Cerrar este capítulo triste para Cataluña y para España implica la vuelta de Carles Puigdemont, sin excepción”
En este sentido, la vicepresidenta defiende que normalizar la situación pasa por integrar de nuevo al líder de Junts en la vida política española, entendiendo que su estancia en Waterloo prolonga la tensión y no favorece el diálogo.
El coste político en Andalucía
Cuestionada sobre si la amnistía podría suponerle un coste político en Andalucía, María Jesús Montero evita dar una respuesta concreta. Sin embargo, sí pone el acento en la importancia de no rechazar propuestas únicamente porque provengan de grupos nacionalistas catalanes como ERC, resaltando que “no se puede tener la perspectiva de que es más importante quién plantea algo, que lo que se está planteando en sí”.
“No puede ser en política que discutamos algo solo porque lo plantean los grupos nacionalistas y no por el contenido en sí”
Asimismo, la ministra recordó que, en la práctica parlamentaria, los acuerdos y negociaciones deben abordarse atendiendo a su contenido y a las oportunidades que puedan brindar, independientemente de la etiqueta política o el territorio del que partan.
Inversión en defensa y la situación con Ucrania
Otro de los temas abordados fue la inversión de 800.000 millones de euros en armamento decidida por la Comisión Europea y la Unión Europea. Montero recalcó la necesidad de que el gasto en defensa no compita con el Estado del Bienestar y subrayó la relevancia de enfocarse en una “tecnología híbrida” que pueda tener un uso civil y militar, como la ciberseguridad.
En cuanto al eventual envío de tropas españolas a Ucrania, la ministra consideró que esa decisión es lejana y, por el momento, no se plantea en el Congreso. No obstante, matizó la importancia de reforzar las capacidades de defensa para estar preparados ante cualquier eventualidad geopolítica.
