En su intervención ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para hacer balance de su primer año en el cargo, la ministra ha indicado que «el acceso a una vivienda digna no es solo un derecho recogido en nuestra Constitución, sino una condición esencial para la salud mental y el bienestar de la ciudadanía, especialmente de nuestros jóvenes».
Por ello, ha argumentado que no se puede permitir que «el bienestar mental de la población esté en manos de fondos buitre y grandes tenedores. Actuar sobre este problema estructural es una responsabilidad colectiva que debemos asumir sin excusas ni ambages desde todos los frentes y con toda la contundencia», ha añadido.
La ministra de Sumar asegura que la actual situación de la vivienda, especialmente entre los jóvenes «genera un estado de estrés continuo y desesperanza, que puede desembocar en síntomas depresivos y ansiosos», recordando que el 38% de la población ha sentido angustia ante la posibilidad de perder su vivienda.
«Sabemos que, para los jóvenes, la vivienda es uno de los principales determinantes del malestar psíquico, una causa directa de problemas de salud mental. Por ello, es primordial y urgente intervenir el mercado de los alquileres para garantizar que este derecho no se convierta en una fuente de sufrimiento», ha instado.
