Según indican fuentes gubernamentales, el Ejecutivo demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor. Afirman además que el Gobierno respeta “siempre” las decisiones judiciales “aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas”.
“En el caso Tsunami, las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte”, señalan.
El encontronazo entre la vicepresidenta y el magistrado de la Audiencia se produce en plena tramitación de la Ley de Amnistía, pactada por el Ejecutivo con Junts y ERC y que beneficiará a los implicados en el procès. Con la redacción actual de la ley, la amnistía beneficiará también a los imputados por delitos de terrorismo que no cuenten con una sentencia firme.
En todo caso, el Gobierno se defiende y asegura que el intervencionismo en el Poder Judicial en España lo practica el Partido Popular, con el “secuestro” del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años con el mandato caducado. “O el intento de ‘controlar la Sala Segunda del TS por detrás’, como manifestaron en su día dirigentes del PP”, añaden, según Europa Press.
Finalmente, aseguran que el Gobierno defenderá a los jueces y magistrados “de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP”.