Moncloa asegura que la filtración de la Ley Trans de Igualdad sin consensuar impide su normal tramitación
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Moncloa asegura que la filtración de la Ley Trans de Igualdad sin consensuar impide su normal tramitación

Responde así a las acusaciones del departamento que dirige Irene Montero.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a su llegada a la penúltima sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo - Autor: EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL

Moncloa han asegurado este lunes que la filtración del borrador de las leyes Trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad que, además, no cuentan con el consenso del Ejecutivo, es lo que impide su normal tramitación.

Responde así a las acusaciones del departamento que dirige Irene Montero, en las que denunciaron que el PSOE ha bloqueado el debate de ambas leyes en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros, impidiendo que sean debatidas en la reunión del próximo 23 de febrero, como había solicitado el Ministerio.

Fuentes de Moncloa han indicado a Europa Press que el Gobierno está comprometido y trabajando en una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI y lo está haciendo con calidad normativa, seguridad jurídica y teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos, como con el resto de anteproyectos de ley.

Sobre las leyes de Igualdad, indican que el Gobierno hubiera preferido que siguieran los cauces habituales de cualquier otra norma, es decir, una redacción del texto de manera interna y de forma consensuada.

Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forma parte de este Ejecutivo, no están haciendo posible esta norma tramitación. Además, critican la decisión unilateral para establecer la fecha de debate de los textos cuando, según indican, no se corresponden con la marcha de los trabajos.

Del mismo modo, señalan que es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos y, en este sentido, creen que es necesario que el Gobierno siga avanzando en la elaboración.

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