La ministra de Justicia, Pilar Llop, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez / Foto: E. Parra - Europa Press
Rodríguez ha explicado que este proyecto de ley «viene a dar respuesta a los grandes compromisos de este Gobierno», entre los que ha mencionado «la regeneración democrática, la higiene en las instituciones y la lucha contra la corrupción». Además, ha subrayado que este texto «envía este mensaje a la sociedad, de que la lucha contra la corrupción es una labor ética de todos y todas».
Ya el pasado marzo, el Gobierno –en primera vuelta– dio luz verde a la nueva normativa que ampara la figura de los informantes contra represalias y por la que las empresas públicas, privadas y los municipios deberán implantar un sistema de información confidencial y seguro. El texto contempla sanciones económicas de hasta un millón de euros en los casos más graves.
Según ha recordado la ministra de Justicia, Pilar Llop, el objeto de esta Directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
«La normativa que hoy tiene el visto bueno nos va a hacer mejorar como país en el ránking de la lucha contra la corrupción», ha asegurado Llop tras insistir en que desde el Ejecutivo han sido «muy escrupulosos» y «garantistas» para poner en marcha un texto «tan complejo» como esta Directiva.
La ministra ha explicado que con esta norma «cualquier ciudadano podrá informar de operaciones o adjudicaciones sospechas y la legislación tiene la obligación de ofrecerle protección ante cualquier tipo de represalia».
La titular de Justicia, además, ha subrayado que el texto contempla sanciones de hasta un millón de euros para quienes adopten represalias contra las personas que denuncien un hecho. Según ha indicado, también se sancionarán a quienes presenten denuncias a conciencia de que son falsas.
Al hilo, Llop ha recordado que el proyecto regula los sistemas internos de información, que se perfilan como un cauce preferente para la presentación de denuncias, aunque ha precisado que el informante tiene libertad para elegir qué canales quiere utilizar para denunciar según las circunstancias y los riesgos de represalia que considere. Asimismo, ha incidido en que con este texto se garantiza el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.
A su vez, ha puntualizado que el proyecto establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa, con más de 50 trabajadores, como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan; estos podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
Llop ha incidido, sin embargo, en que este nuevo mecanismo «no sustituye las vías de denuncia existentes» y viene a sumarse a todas las medidas antifraude de lucha contra la corrupción que se han venido desarrollando en esta legislatura.
En el sector público, por su parte, se tendrá que contar con un sistema interno de información las Administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.
Los municipios cuya población no supere los 10.000 podrán compartir medios para la recepción de informaciones con otros ayuntamientos, también de menor población, o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque cada corporación local tenga un responsable de su sistema interno de información.
El Proyecto ha pasado por el Consejo de Ministros después de que el pasado junio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valorara positivamente la decisión del Gobierno de extender a los partidos políticos la obligación de tener un canal de denuncia que permita alertar de casos de corrupción. El órgano de gobierno de los jueces también avaló que la medida se aplique a los sindicatos, las patronales y las fundaciones «siempre que reciban o gestionen fondos públicos».
El Consejo, entre otras cuestiones, estimó positivamente que el texto se ajustara «adecuadamente» a la normativa europea al establecer «sistemas internos de información, como cauce preferente, en cuyo seno estarían integrados los canales internos», cuya implantación será responsabilidad del órgano de administración o gobierno respectivo, previa consulta con «la representación legal de las personas trabajadoras».
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