Miles de pisos turísticos siguen en oferta dos semanas después de la nueva ley de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el miércoles 27 de marzo de 2019 el Plan Especial de regulación del uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje en la almendra central que establece unos requisitos para las viviendas de uso turístico. Un plan que dejará ‘fuera de juego’ – cuando se publique en el BOAM – a casi el 95% de las 10.000 viviendas turísticas que hoy en día operan en la capital, según datos del consistorio.

La base de la normativa pasa por equiparar las condiciones de implantación de uso terciario de hospedaje a las de cualquier otro uso terciario. Es decir, exigir las mismas condiciones que requieren otros establecimientos de hospedaje, como hoteles u hostales.

Entre esas nuevas medidas, un acceso independiente a la calle y recepción propia en determinadas zonas de la ciudad como el centro. La ley municipal permite, no obstante, alquilar la vivienda en uso turístico hasta 90 días al año. El consistorio considera que el arrendamiento inferior a tres meses es una suerte de ‘economía colaborativa’.

Sin embargo, el decreto que llevó a cabo la Comunidad de Madrid este martes reduce ese plazo a cero. Un piso es turístico en toda la región desde el primer día que se alquila. Por tanto, apenas una cifra residual de viviendas turísticas cumple a día de hoy la normativa acordada en la ciudad de Madrid.

“Miles de pisos clandestinos”

Plataformas web como Airbnb siguen ofertando miles de viviendas turísticas en Madrid. A falta de su publicación en el BOAM, muchas de ellas no cumplen los requisitos establecidos en la normativa municipal.

“Casi todas lo hacen clandestinamente”, aseguran fuentes del Ayuntamiento de Madrid a EL BOLETÍN. «La mayoría son ilegales porque no tienen licencia. Desde que realizamos una moratorioa de concesión de licencias lo son», afirman. En ese sentido, el consistorio ha decidido reforzar la inspección de este tipo de pisos.

En cualquier caso, la potestad sancionadora recae sobre la Comunidad de Madrid. El gobierno municipal tiene competencia sobre las órdenes de clausura, que pasan por un expediente, una inspección y un periodo de alegaciones.

“No es lo mismo que los pisos estén en manos de fondos buitre que sean de particulares. Los fondos sacan toda la maquinaria jurídica”, destacan desde el consistorio.

“El plan se va a recurrir”

En el otro lado de la normativa, los propietarios de estas viviendas. La asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid, Madrid Aloja, critica “el sesgo” del Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena.

Según asegura Alberto Más, socio de esta asociación, el gobierno municipal sabe que “el plan se va a recurrir a la Justicia”. El miembro de Madrid Aloja considera que la nueva normativa se ha hecho sin buscar el consenso entre las partes y de manera improvisada.

“Es como si vas conduciendo por la autopista y de repente te exigen bajar la velocidad a cero. O lo haces poco a poco o te estrellas”, compara Alberto Más. Desde la plataforma aseguran a este diario que no están en contra de que exista una regulación, “es bueno que haya unas reglas que garanticen la convivencia”.

No obstante, a su juicio, el consistorio lo ha hecho en plena campaña electoral y planteando datos “que no son reales”.

Fe de erratas

En un inicio se afirmó erróneamente que miles de pisos ejercían ilegalmente. Fuentes del consistorio aseguraron a este diario que esto era así, a pesar de que la normativa no ha sido publicada todavía en el BOAM. Una vez se publique en el boletín municipal, la ley será efectiva.

Acceda a la versión completa del contenido