Los Carceller han certificado su derrota en Pescanova al renunciar definitivamente a su puesto en el consejo de la maltrecha piscícola. Urgoiti se mantiene en la presidencia. El fracaso de los Carceller en su intento por hacerse con el control de Pescanova ya es un hecho. La familia dueña de la cervecera Damm ha renunciado a su asiento en el consejo de administración de la pesquera gallega presionada por los bancos acreedores de esta última. Su socio Luxempart también ha accedido a hacer las maletas.
Las dimisiones se han comunicado a través de un escueto hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por los administradores concursales de Deloitte. Tal y como se esperaba, los dos que abandonan sus asientos son José Carceller y François Tesch, representantes de Damm y Luxempart respectivamente. El que no abandonará su puesto será Juan Manuel Urgoiti, hombre de confianza de los dueños de la cervecera al que ellos mismos auparon a la presidencia de la gallega en su última y agitada junta de accionistas.
Como es habitual en estos casos, la compañía ha querido agradecer a los ya exconsejeros “el esfuerzo, interés y dedicación en la búsqueda de soluciones de viabilidad para Pescanova, así como todo el tiempo que han permanecido en la misma”. Si bien, sus planes de futuro para la piscícola han quedado en papel mojado ante la presión de la banca acreedora para imponer su propia hoja de ruta, con la que conseguirán un mayor peso en el capital y estructura de la compañía una vez se culmine una reflotación de la que ahora sólo se han puesto las bases.
El nuevo convenio que salva la cabeza de Urgoiti, en verdad privado de la mayoría de sus facultades a consecuencia de la administración concursal que desempeñan dos socios de Deloitte, ya cuenta con el visto bueno del juez que instruye el caso. El magistrado pontevedrés avanzó a los asesores jurídicos de ambas partes en pugna en el concurso de la compañía su aprobación a los cambios requeridos por la banca por no suponer modificaciones de fondo sobre la propuesta aceptada con anterioridad, pues los términos más puramente financieros se mantienen prácticamente invariables.
Los términos finales del pacto que arrincona a los Carceller recogen una recuperación total de deuda para los acreedores de 1.000 millones de euros en tres tramos, en lugar de los sólo 700 millones que la familia y Luxempart habían ofrecido. El primero de ellos es de calificación sénior y alcanza los 400 millones de euros, el segundo es de 300 millones y deuda júnior, mientras que el último recoge la deuda subordinada y su cobro sigue quedando supeditado al cobro de los dos primeros pero se muestra una intención de devolución más clara que hasta ahora. Así lo han decidido las grandes entidades acreedoras agrupadas en el denominado ‘G7’, entre las que desde hace poco vuelve a figurar la nacionalizada Bankia.
