Inypsa gana cuatro meses más para evitar la quiebra. Sin visos de acuerdo con sus acreedores, la compañía quiere dar brío a la negociación con su entrada en preconcurso. El peso de las deudas sigue asfixiando a Inypsa. Con el objetivo de acelerar la negociación con sus prestamistas, la firma de ingeniería ha solicitado el preconcurso de acreedores. Así consigue cuatro meses libres de reclamaciones de pago mientras consigue que también sus accionistas respalden el salvamento financiero de la compañía.
La solicitud de preconcurso llega al filo de que venza un acuerdo de intenciones suscrito entre Inypsa y sus acreedores hace ahora un mes. Aunque el pacto con las ocho entidades financieras que acumulan la mayor parte de deudas de la cotizada tenía vigencia hasta el próximo 30 de marzo, éste debía haber sido refrendado en los órganos de decisorios de cada una de las entidades sin que se hayan producido novedades al respecto.
Con este escenario, la compañía ha preferido recurrir ya al amparo del juez para “avanzar con más rapidez en la solución” de la compleja situación financiera por la que atraviesa. Así se recoge en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) casi una hora después del cierre de una sesión bursátil en la cual la cotizada ha perdido un 0,6% de su valor.
Este nuevo anuncio de Inypsa llega sólo tres días después de haber solicitado la ayuda de sus accionistas para evitar su disolución. Tal y como explicó entonces, si no sale adelante un “preceptivo” aumento de capital de 29,925 millones de euros la compañía podría acabar sus días. Y es que, tras haber digerido las pérdidas del último ejercicio 2013, el patrimonio neto de la firma ya ni tan siquiera alcanza la mitad del capital social.
La cita clave para dirimir el futuro de la compañía tendrá lugar el próximo 25 de abril, fecha que la cotizada ha escogido como primera convocatoria de su junta. Los directivos de Inypsa advierten incluso de que las “actuales circunstancias del mercado podrían dar lugar a una suscripción incompleta que no lograra el fin propuesto” y provocara la liquidación de la compañía pese al esfuerzo de resarcir una pérdidas de más de 13 millones de euros en 2013 que “casi triplican los números rojos del año anterior”.
Esta drástica caída de cifras se atribuye a la “drástica” caída de la obra pública de España, y a los “importantes” periodos de maduración que existen en los nuevos mercados internacionales hacia los que se ha dirigido la empresa. De conseguir el visto bueno del juez a su solicitud, la cotizada ganará cuatro meses libre de reclamaciones de sus acreedores en los que negociar un nuevo calendario de vencimientos mientras que la negociación de sus acciones continuará con normalidad.
