Los Carceller siguen sin convencer a la banca con su plan para hacerse con Pescanova

Los acreedores de Pescanova siguen sin estar conformes con el plan de los dueños de Damm para la compañía. Los Carceller defienden que su propuesta es la única viable a futuro. La guerra sigue abierta en el seno de Pescanova. Los Carceller apenas se han limitado a cumplir por la mínima las exigencias del juez que hace tres días les pedía reformular el convenio por el que pretenden reflotar la piscícola gallega. Unos tibios avances en las reclamaciones de los acreedores que estos se han apresurado a rechazar.

Los Carceller siguen fijando los 700 millones de euros como tope para la recuperación de deudas de la banca, mientras que las entidades pretenden engordar esta cifra hasta los 1.000 millones. La disconformidad es tan manifiesta que fuentes familiarizadas con la negociación han anunciado a Europa Press que ninguno de los siete grandes bancos prestamistas de Pescanova está por la labor de aceptar la nueva propuesta de los dueños de Damm en colaboración con el fondo Luxempart.

En este sentido, consideran la nueva hoja de ruta como una reedición con mínimos cambios del plan presentado a principios de mes ante los juzgados de Pontevedra. Los mismos que hace ahora una semana exigían a los Carceller cambios de fondo para poder seguir adelante con su propuesta. El principal cambio recogido es el de la tasa de recuperación de la deuda junior, que pasaría del 5% al 10% y resultaría en que los bancos se quedasen con hasta un 70% del capital de la refundada Pescanova.

Con las nuevas condiciones, la quita a acreedores se quedaría en el 72%, mientras que la banca exigía un máximo del 60%. Es así que fuentes próximas a los prestamistas hablan de que en una reunión que mañana mantendrán en Madrid podría abordarse la cuestión de presentar una nueva hoja de ruta de la mano de un tercer inversor dado que los planes de Damm siguen sin ajustarse a lo que ambas partes pactaron al comienzo del proceso concursal de la compañía.

Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, BBVA y las nacionalizadas Novagalicia y Bankia son las entidades protagonistas de un proceso que promete dilatarse más de lo que en su día aventuraron los administradores concursales de Deloitte. Mientras tanto, los Carceller defienden que han querido “huir de planteamientos oportunistas y cortoplacistas” y que para asegurar la viabilidad a largo plazo de la compañía “no se han querido rebajar artificialmente las quitas y esperas que sabemos son necesarias, con la sola finalidad de atraer votos y de maximizar posibilidades” de que su propuesta salga adelante.

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