El juez que instruye la quiebra de Pescanova ha concedido a los Carceller tres días para que el convenio cumpla con la ley y las condiciones pactadas con la banca prestamista. Tres días. Ese es el tiempo que el juez que instruye la quiebra de Pescanova ha dado a los Carceller para que modifiquen algunos de los puntos del convenio que presentaron la semana pasada y que, al parecer, no respetan los acuerdos alcanzados con los acreedores nacionales de la gallega. Las entidades hablan incluso de “intento de engaño”.
A pesar de que la propuesta de reflote de los Carceller llegaba a los juzgados de Pontevedra con el pretendido aval de los bancos prestamistas españoles de Pescanova, la consultora KPMG ha observado un escenario muy distinto a este. La misma auditora que corrió con la revisión forense de las cuentas y estructura de la piscícola ha informado a los acreedores de que el convenio redactado por los dueños de Damm no cumple con lo acordado a lo largo de meses de ardua negociación.
Entre los puntos que más ampollas han levantado entre los acreedores se encuentra el de la recuperación de la deuda. Si en principio se había hablado de unos 1.000 millones de pasivo recuperable, el convenio rebaja este umbral hasta los 700 millones, según los cálculos de la firma auditora. La Voz de Galicia cita a fuentes de las entidades al anunciar que no aceptarán la actual redacción de la hoja de ruta para la gallega. “No habrá apoyo hasta que lleguemos a una redacción en la que todos estemos de acuerdo”, han llegado a decir.
Ante estas reclamaciones, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha emitido una providencia en torno al convenio de los Carceller. En ella se les insta a subsanar la redacción de tres puntos del mismo y se concede incluso “la posibilidad de presentar nuevo documento con la propuesta precisada en los términos indicados, para mejor comprensión de las partes y acreedores”.
Estos puntos, explicados en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se refieren a “la predeterminación en sentido alguno del ejercicio del derecho de oposición por los acreedores vinculados”, la falta de precisión sobre “si los intereses a abonar semestralmente se devengarán con tal periodicidad o si ésta es anual” y la condicionalidad de la eficacia del convenio a la “presentación de los concursos de sociedades vinculadas, visto que los procesos concursales aún no existen”, se enuncia sin entrar en más detalle.
La propuesta presentada por los Carceller con el apoyo del fondo Luxempart contempla que un 30% del capital de la refundada Pescanova se quede en sus manos, mientras que un 60% pasaría a las carteras de las entidades que previa quita de hasta el 90% acepten canjear sus créditos por acciones de la compañía. El resto de accionistas se quedarían recluidos en un testimonial 10% del capital.
El clima desencadenado tras la revisión del convenio por parte de KPMG es tan tenso que fuentes próximas a la banca afirman incluso que podrían retirar su apoyo al plan, en principio asegurado. En este sentido las entidades nacionales con más peso en la abultada cartera de deudas de la gallega son Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, BBVA y las nacionalizadas Novagalicia y Bankia.
