Los Carceller dan otro paso más en su puja por el control de Pescanova. Su plan de reestructuración ya está en manos de los juzgados que determinarán la senda para salvar a la gallega de la disolución. La toma de control de Pescanova por parte de los Carceller está hoy un poco más cerca. Los juzgados de Pontevedra ya han recibido su propuesta para reflotar a la gallega después de que el intervenido consejo de administración de la compañía aprobase por “unanimidad” su hoja de ruta.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de Pescanova, que los mismos Carceller controlan de facto desde la última y agitada junta de accionistas en la que lograron expulsar a Manuel Fernández de Sousa, da cuenta de estos últimos movimientos que ya se anticiparon el viernes pasado. Esta propuesta esta diseñada, además de por la familia dueña de la cervecera Damm por otros accionistas como el fondo Luxempart y por algunos acreedores de la cotizada, sobre todo nacionales.
El plan de los Carceller contempla quitas para la deuda que van del 60% al 90% y una inyección directa de capitales de unos 150 millones de euros, ha informado la propia Pescanova al supervisor del mercado. Una vez se completase esta hoja de ruta, que pasa también por la conversión de deudas en acciones de la antigua gigante gallega, los acreedores se colocarían como principales accionistas con un 60% del nuevo capital social de la compañía, mientras que algo menos de un 30% se quedaría en manos de la familia promotora de la oferta, esquivando así la obligación legal de lanzar una OPA de alcanzar este umbral. El 10% restante se repartiría entre el resto de actuales inversores, que verían fuertemente diluidas sus carteras.
Todos los detalles de este plan han llegado ya al despacho del titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, que es el instructor de la inesperada quiebra de la piscícola gallega y de las demás eventualidades que ha despertado su atropellado proceso concursal. De este pliego se quedan fuera las filiales del grupo en Portugal, Chile y Guatemala, que deberían llevar a cabo su propia reestructuración de capitales con sus respectivas entidades prestamistas.
De conseguir las suficientes adhesiones como para salir adelante esta propuesta de convenio, el concurso que pesa sobre la compañía podría levantarse lo más pronto en el próximo mes de abril. En este sentido, la propuesta ya nace con el respaldo de los titulares nacionales de más del 45% de las deudas del grupo.
Por su parte, la oferta que los fondos internacionales ofrecieron capitanear al exministro de Defensa Eduardo Serra no ha llegado a buen puerto. Este grupo de inversores ha desistido, de pujar por la compañía gallega por no poder disponer de suficiente información como para lanzar una puja en firme, según se avanzó el viernes. Pese al interés demostrado días atrás, fuentes próximas a este grupo han afirmado que se hacía imposible poder presentar una oferta en los tiempos fijados por el juez.
