Los efectos de la posible quiebra de Codere van más allá de las fronteras españolas. La provincia de Buenos Aires se juega en la supervivencia de la española a uno de sus principales contribuyentes. La eventual quiebra financiera de Codere tiene efectos que van más allá de las fronteras españolas. Las arcas públicas de la provincia argentina de Buenos Aires se juegan una buena parte de sus ingresos recurrentes en la continuidad de la compañía de juegos de azar, que agota sus últimos cartuchos para evadir el concurso de acreedores.
Los altos impuestos a los que tributan los casinos y el juego en Argentina han hecho que las arcas públicas de varias administraciones del país dependan en gran medida de esta actividad. Y, en Buenos Aires, donde las casas de juego han proliferado más que en el resto del país, el efecto es patente. Es así que Codere se ha convertido en «uno de los mayores contribuyentes» de la provincia capitalina, según destaca el diario regional local Letra P.
En su última edición semanal, el diario digital, especialmente crítico con el Gobierno provincial de Daniel Scioli, compañero de filas de la presidenta nacional Cristina F. de Kirchner, recordaba que a lo largo del año pasado prácticamente la mitad de lo que se embolsó la compañía española en la región bonaerense fue a parar a las arcas públicas. De los 147 millones de euros que facturó en el primer trimestre de 2013, informa el portal, más de 64 millones de euros se le fueron en impuestos a engordar la caja fuerte que gestiona el alto cargo del Partido Justicialista.
Aunque finalmente las amenazas de nacionalización que sonaron con fuerza meses atrás nunca se hicieron efectivas, sí que entraron en vigor otras normas dañinas para el negocio del grupo cotizado español. En la misma provincia de la capital argentina, sin ir más lejos, la prohibición de fumar en las 14 bingos y salas de juego con que allí cuenta. Además de una vieja normativa nacional que impide al grupo repatriar a su filial española a través de dividendos los ingresos generados allí para alivia las complicadas finanzas de la compañía a escala global.
Fue para salvar las propias finanzas públicas que precisamente la provincia de Buenos Aires y el Banco Macro, el segundo mayor de Argentina, lanzaron un capote a Codere para salvar el negocio de las más de 6.000 máquinas tragaperras que pueblan sus salas. Así pudo la compañía esquivar una quiebra que ya le perseguía en mayo del año pasado, cuando consiguió refinanciar sus deudas en el país latinoamericano y renovar anticipadamente la licencia de varias de sus salas, según apuntó el diario local ya mencionado.
Movimientos que en ambos casos le supusieron a la compañía mayores costes, si bien aplazados desde su fecha de vencimiento inicial, que no cayeron en gracia para los inversores a medida que se iba conociendo la letra pequeña de los pactos. El castigo inversor no faltó en la Bolsa de Madrid igual que en la actualidad la especulación bursátil más salvaje que tan pronto aúpa su cotización como la descalabra.
A falta de unas semanas para que Codere logre esquivar o se suma en el temido concurso de acreedores, los impagos hacia varias emisiones de deuda se acumulan y los bonistas siguen sin dar su brazo a torcer a las exigencias de la directiva comandada por la familia Martínez Sampedro. Este mismo viernes, la compañía anunciaba que varias de sus filiales, asfixiadas por la falta de liquidez y los avances de la matriz, entraban también en el primer preludio de la quiebra financiera: el preconcurso de acreedores.
