Al paso por los 20 euros por acción, máximos desde finales de 2011, FCC ha aprovechado para liberar al mercado parte de su autocartera. Ya sólo es dueño de un 0,184% de sus títulos. La gráfica bursátil de FCC visitó hace sólo unos días los 20 euros por acción. Al paso por esta cota insólita desde finales del año 2011, la constructora ha aprovechado para liberar parte de su autocartera ahora que se ha consumado la reordenación de su mapa accionarial con la llegada de nuevos y distinguidos inversores.
A fecha del martes pasado, la autocartera de FCC se reduce a un 0,184% de su capital social frente al 0,238% que hasta ahora alcanzaba. Así figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los que la constructora acaba de notificar sus operaciones con acciones propias en los últimos dos meses. La participación actual, correspondiente a 234.335 de acciones goza de un precio de mercado de unos 4,43 millones de euros en función de los precios actuales.
El paso por la cota de los 20 euros, animada la cotización por la llegada de los magnates Bill Gates y George Soros al capital de la empresa española, dio la oportunidad de reducir autocartera sin perjudicar su trayectoria alcista y animando las posiciones de compra que se sucedían para replicar el movimiento inversor de los dos nuevos inversores estadounidenses.
Un movimiento que, comentan los analistas, aporta también mayor liquidez a FCC en el mercado de valores una vez que se ha cerrado su nuevo mapa de grandes accionistas. Un reparto de poder en el que Esther Koplowitz se mantiene como mayoritaria pese a haber reducido ligeramente posiciones con el fin de dar entrada a sus nuevos socios y gozar de unas finanzas personales más holgadas.
Muy lejos queda el 9,984% de capital social en autocartera que hace un año registraba la constructora. Tal y como figura en los registros del supervisor bursátil, por aquel entonces en que las constructoras se llevaron un decidido castigo inversor por sus abultadas partidas de deuda, el peso de FCC sobre su propio accionariado estaba al borde del máximo del 10% permitido en la regulación española.
