Renta Corporación ya tiene una propuesta de convenio para sus acreedores. Tres en realidad. Tantas como opciones de cobro plantea para sus créditos ordinarios y subordinados. Renta Corporación y varias de sus filiales han presentado ya su primera propuesta de convenio de acreedores para salvar el concurso en el que está sumida desde marzo. Una proposición que en verdad son tres. Tantas como opciones de cobro se dan a los prestamistas para asegurar su compromiso de salvar la quiebra en tres meses.
La propuesta de convenio ya ha sido admitida a trámite por el juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, que es el que instruye el concurso de la inmobiliaria. En la hoja de ruta aprobada por el consejo de administración de la catalana se plantean tres alternativas de pago de los créditos ordinarios y subordinados que pesan sobre el balance financiero de la firma.
Para los créditos con privilegio especial se propone el pago parcial de los créditos mediante la adjudicación de bienes. Esto es, recurriendo a la dación en pago de los activos puestos como garantías de estos préstamos. Una circunstancia que se mantiene invariable en todas las propuestas presentadas y que cumple con lo que la propia compañía anunció al poco tiempo de haber solicitado el amparo judicial frente a una deuda imposible de afrontar.
Ya en lo que se refiere al cobro de los créditos ordinarios y subordinados por parte de sus acreedores, la primera propuesta consiste en la aplicación de una quita progresiva según el importe del crédito y pagar el resto con importes anuales crecientes durante ocho años. La segunda opción, consiste en canjear una parte de la deuda en acciones del grupo inmobiliario y el resto en deuda participativa, que computa como capital. La última de las propuestas es convertir los créditos en participativos, de manera que sean pagaderos sólo cuando el resto de obligaciones de pagos se hayan satisfecho.
El próximo 21 de marzo, Renta Corporación tiene prevista la celebración de una junta de acreedores. En ella, los prestamistas deberían decantarse por una de estas opciones para salvar a la compañía del concurso en el que está sumida desde hace diez meses. De momento, sobre su tejado pesa un agujero patrimonial de 25,4 millones de euros y un pasivo de 160 millones, según las cifras más actualizadas.
