Service Point ya amenaza de quiebra. La compañía ha comenzado a preparar la solicitud de amparo al juez mientras su consejero delegado ha renunciado a su cargo por carta. Las turbulentas finanzas de Service Point Solutions (SPS) ya amenazan de quiebra. La compañía ha anunciado este lunes que iniciará los trámites para solicitar el concurso de acreedores si sus bancos no hacen uso de una condescendía mayor de la que han mostrado hasta ahora. En medio de este panorama, el consejero delegado de la firma ha presentado por carta su dimisión al resto de directivos.
De momento, Service Point no pedirá el amparo del juez frente a sus prestamistas, a la espera de agotar hasta el último minuto de su preconcurso de acreedores. Pero sus consejeros ya han encargado a los abogados de la empresa “por unanimidad” que inicien los trámites de preparación en caso de no conseguir un nuevo calendario de vencimientos asumible para la compañía dada la flaqueza de su negocio.
El concurso de acreedores se extendería desde la matriz española del grupo hasta varias de sus filiales, según se ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya al término de la sesión bursátil. Sin embargo, la compañía ha subrayado su intención de aguantar hasta el próximo 28 de febrero, en que vence su preconcurso, en atención al “interés de los accionistas”, que verían congelada su inversión si la cotizada entra definitivamente en suspensión de pagos.
Hasta tres propuestas de refinanciación había elaborado la compañía en los últimos meses con el fin de evitar la quiebra, sin embargo, ninguna de ellas ha conseguido el apoyo suficiente por parte de sus acreedores. Una situación que ha desembocado en la ejecución de algunas garantías crediticias por impago que ha añadido más dificultades a la ya “grave” situación financiera del grupo español de reprografía.
La última de las proposiciones, presentada ya en pleno preconcurso de acreedores, buscaba cancelar la totalidad de la deuda sindicada del grupo y parte de la deuda convertible mediante un tramo en efectivo por el 100% de la deuda con coste de entre 15 y 20 millones de euros y el mantenimiento de las obligaciones convertibles por entre 5 y 12,5 millones de euros de valor nominal. Una hoja de ruta que tampoco consiguió el visto bueno de los acreedores.
Ante este panorama, el consejero delegado de la firma Juan Dionis Trenor ha renunciado a su cargo por carta cuando apenas se cumplen cuatro meses de su elección tras la dimisión de su predecesor, Jimmie Holmberg. La promesa de “acelerar” el proceso de reestructuración de la firma con la que llegó el alto cargo se queda ahora a merced de los acreedores, que ya se han cobrado su puesto en el consejo de administración de la firma.
