Diez días. Ese es el tiempo del que dispone el expresidente de Pescanova para hacer frente a la fianza de 178,86 millones de euros que le ha impuesto el juez Pablo Ruz por sus implicaciones en el hundimiento de la pesquera gallega. De no hacerlo en el importe y plazo establecidos, la orden de embargo sería automática para los bienes del empresario.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha impuesto fianzas a otros nueve altos cargos de Pescanova, así como a seis de las sociedades del grupo en concurso de acreedores. En total, el auto del juez Ruz impone depósitos por un total de 1.200 millones de euros. De entre todas ellas, la prevista para Manuel Fernández de Sousa es la más abultada de todas ellas, ya que varias de las querellas presentadas contra él y su equipo directivo le apuntan como responsable directo del falseo de cuentas que se habría venido dando durante años en la pesquera.
En el documento judicial figura con fecha de salida el 23 de mayo, sin embargo no se ha hecho público hasta este lunes. Entre los altos cargos a los que el juez impone fianzas se colocan los consejeros Alfonso Paz-Andrade, que si bien se apresuró a desmarcarse de la gestión del expresidente deberá aportar 125 millones de euros, y su compañero José Antonio Pérez-Nievas, con 54 millones. La propia compañía matriz del grupo, cuya marca figura como garantía del préstamo puente en el que participó la Xunta de Galicia, tendrá que desembolsar 54,8 millones.
Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, ha asegurado en su auto que los administradores de Pescanova dieron una imagen irreal de la compañía “valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales […] que no se ajustaba a la realidad”, invitando a los inversores a tomar posiciones en el valor. Tanto es así que al magistrado no se le pasa por alto que, pese a que Fernández de Sousa había vendido la mitad de su participación en la compañía a espaldas de sus compañeros del consejo de administración, varios analistas financieros marcaban a la gallega como una de sus favoritas en Bolsa española.
Estas fianzas de responsabilidad civil se decretan mientras la Justicia investiga si realmente se amañaron cuentas de forma intencionada y, en su caso, si el expresidente y algunos miembros de su equipo emplearon información privilegiada para deshacer posiciones justo antes de desencadenarse la quiebra del valor. Mientras que los administradores concursales de Deloitte hacen cuentas para encontrar la manera de satisfacer la fianza, sobre las arcas de Pescanova pesa un agujero estimado en más de 900 millones de euros.
