Acciona ha advertido a la Generalitat de Cataluña de que pondrá a sus abogados a trabajar duro para asegurarse la concesión de las aguas del Ter-Llobregat, que recientemente le fue adjudicada y después revocada por el gabinete de Mas. El mercado parece estar de parte de la cotizada, ya que sus acciones han respondido con alzas del 3% al órdago lanzado por la compañía en este jueves en que el Ibex 35 llegaba a caer más de un 1%.
Entre las advertencias que Acciona ha hecho llegar al Gobierno catalán vía hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está el reclamar de forma inmediata no solo el reintegro del importe inicialmente desembolsado por la operación, sino “la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran causado”. Y es que, la cotizada se juega la participación en un proyecto que podría reportarle unos ingresos estimados de 1.000 millones de euros para los próximos 50 años.
La batalla legal la ha desatado Aguas de Barcelona (Agbar), que tras haber participado en el concurso de adjudicación en el que Acciona resultó vencedora decidió recurrir el proceso de licitación del mismo. Ayer mismo, primer día hábil de este 2013 y solo seis jornadas después de la firma del contrato de privatización con la cotizada, la Generalitat habría decidido revocar el contrato en atención a las reclamaciones de la firma barcelonesa, señalaba <em>La Vanguardia</em>.
Los servicios jurídicos del consorcio que lidera Acciona -y en el que también participa banco de inversión brasileño BTG Pactual- “están preparando las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses”, ha anunciado la cotizada. Asimismo, ha defendido que el acuerdo suscrito con la Generalitat el pasado 27 de diciembre “sigue siendo un contrato jurídicamente válido y vigente a la fecha” y que de hecho “está ya gestionando” la red de aguas del Ter-Llobregat.
Antes de este último episodio, la adjudicación del contrato ya tuvo que lidiar con las elecciones autonómicas en Cataluña y las dificultades para formar gobierno entre CiU y ERC. De hecho, a pesar de haberse resuelto el concurso a favor de Acciona el pasado 6 de noviembre, no fue hasta el tiempo de descuento para poder contabilizar la operación en las cuentas de la Generalitat para el ya pasado año 2012 cuando se consumó la operación.
Entonces, la Generalitat recibió del consorcio liderado por Acciona 298,65 millones de euros como adelanto del contrato de privatización. Una partida que, según algunos observadores políticos, supuso una burbuja de oxígeno para hacer frente a los pagos con vencimiento el pasado diciembre por parte de las maltrechas arcas regionales catalanas. Ahora, en caso de que el gabinete de Mas recule en la adjudicación, la cotizada amenaza con que ‘se la pagarán’. Y, este jueves, el mercado parece darle las de ganar.
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